Montilla se presentó a las elecciones autonómicas de 2006 con un lema que tuvo fortuna ‘Hechos, no palabras’. Llegados al ocaso de su mandato, es hora de contrastar cuánto ha habido de lo uno y de lo otro porque la coherencia en la política se da cuando las palabras son sólo un reflejo de las obras El Presidente de la Generalitat suele distinguir en sus intervenciones públicas entre lo prioritario y lo importante. Según él, lo prioritario es la crisis, pero dedica la mayor parte de su tiempo a los «temas importantes». Consisten, por ejemplo, en advertir y multar a comercios por no tener en catalán los rótulos y las señalizaciones escritas; en obligar a exhibir en catalán el 50% de las películas que se estrenen en Cataluña; en condicionar el acceso de los profesores a la universidad al conocimiento de la nueva «lengua propia» de Montilla; en crear siete, ocho o nueve veguerías para sustituir a las cuatro diputaciones provinciales; en firmar convenios de millones de euros con Plataformas y asociaciones independentistas; o en pagar viajes a comitivas a países exóticos para inaugurar exposiciones sobre temas tan exóticos como el país que las acoge…
El problema es que lo prioritario y lo importante están conectados hasta tal punto, que lo que es importante para el Gobierno «catalanista y de progreso» suele ser letal y terrible para lo prioritario, luchar contra la crisis.
Para el desarrollo de la sociedad catalana, lo esencial y urgente es promover el consumo, fomentar la exportación, conseguir líneas de crédito, asegurar y crear puestos de trabajo y afianzar y renovar el modelo productivo; no dedicar esfuerzos e inversiones para que agentes de consumo, cumpliendo órdenes de autoridades fanatizadas, revisen hasta el más nimio detalle de las facturas y las ofertas de servicio para comprobar la lengua en la que están escritas. El cambio en el modelo productivo pasa por atraer a los mejores investigadores y docentes a la Universidad catalana y no por condicionar su presencia a sus conocimientos lingüísticos autóctonos, más cuando la lengua franca universitaria es el inglés. Empresas y familias se aprietan el cinturón tratando de suprimir gastos superfluos y, por el contrario, el Gobierno dispara el endeudamiento público y, manirroto, pretende crear nuevos mamotretos organizativos, como las veguerías, o artificiosas entidades, como la proyectada Agencia Catalana de la Inspección de Trabajo.
Es, por ejemplo, un hecho, y no palabras, que el Gobierno de la Generalitat es un gobierno moroso. Uno de cada tres concursos (quiebras) que se presentan ante los Juzgados de lo Mercantil tiene su causa en el impago de créditos. La Ley de contratos del sector público dispone que la Administración Pública debe pagar en sesenta días a contratistas y proveedores y el Gobierno catalán lo hace en noventa. Además, no acierta con los instrumentos que facilitan la financiación – sobre todo, a las PYMES – y muchas empresas viables echan la persiana, desesperadas por la falta de liquidez.
Ascenso, movilidad y cohesión social son también iconos referentes para el pijo – progresismo que ocupa el poder en Cataluña. Sin embargo, no es la igualdad lo que les preocupa, sino el mantenimiento de la diferencia social. El catalán en la escuela pública y en la mayoría de la concertada es la lengua vehicular y de aprendizaje del sistema educativo. Este mandato no rige para las élites catalanas que lo eluden enviando a sus hijos a centros privados en los que la escolarización se hace en lenguas extranjeras. Lo ha confirmado la esposa del Presidente Montilla: educa a sus hijos en alemán y en inglés porque eso les proporcionará mejores salidas profesionales que hacerlo sólo en catalán.
El Proyecto de Ley de acogida a las personas inmigradas y retornadas crea un servicio público destinado a dar formación e información a los extranjeros. Cuando se apruebe la Ley, los empadronados en Cataluña, podrán acudir «voluntariamente» al servicio de acogida de sus municipios en los que se impartirán clases de lengua, cultura del entorno y de derechos laborales. La medida, aparentemente, pretende facilitar la autonomía y la movilidad social de los extranjeros. ¿Dónde está la trampa? Para «ascender» los inmigrantes necesitarán previamente un certificado oficial que tendrá efectos en los procesos de extranjería y que sólo se extenderá cuando acrediten conocimientos de catalán y de aranés, en el Valle de Arán. Los derechos políticos y, presumiblemente, también los sociales, de estos colectivos dependerán del conocimiento de estas lenguas. Sorprendentemente, para el Gobierno catalán, el conocimiento de una lengua internacional, como el español, no es imprescindible para facilitar la movilidad social de los extranjeros en España.
Estos son los hechos del tripartito que ponen de manifiesto que sus prioridades no pasan por avanzar en lo «social» sino porque su peculiar modo de ver el catalanismo (esa palabra inventada para disimular su voraz nacionalismo) avance socialmente.
José Domingo
(El Mundo -28/02/2010)
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