Descripción de la asociación



La Asociación IMPULSO CIUDADANO se suma, como movimiento cívico, al servicio para la vigilancia de los derechos de los ciudadanos, la racionalización de las administraciones públicas y la regeneración de la vida política.

"La Cataluña virtual es omnipresente. La misión de Impulso Ciudadano debe consistir en hacer aflorar la Cataluña real".


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domingo, 29 de noviembre de 2009

LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS e IDENTIDAD vs. ENTIDAD

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LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS

Érase que se era –no se me ocurre mejor manera de comenzar que usando una fórmula típica de cuentos- un señor Presidente que, de tan señor o de tan Presidente como se sentía, al echar la vista atrás en su delirio de desfacer entuertos históricos, vino a deparar en que debía reparar una gran afrenta histórica, acaecida 400 años atrás, allá por el reinado de Felipe III: la llamada EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS. Y es que eso de expulsar, para un señor que se expresa a golpes convulsivos de razón, está muy feo.

En principio, no podemos decir que sea bonito eso en enviar a procelosos confines a gentes cuyas familias han permanecido varios siglos instalados en un lugar. No. Pero, ardua faena se a buscado el egregio presiente en eso de buscar a egregios descendientes. ¿No sería de más recto proceder empezar por enderezar las cosas que nos afectan a los ciudadanos de hoy en día? Por ejemplo: ¿Por qué se empeña en ser cómplice de una expulsión física de los “espanyols” de Cataluña (muchos no pueden soportar la presión y están volviéndose a su lugar de origen, o de la otra expulsión, la que les desposee de sus derechos de ciudadanía, aunque permanezcan, fiambrera bajo el brazo, en los puestos de trabajo que no pueden dejar?

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IDENTIDAD vs. ENTIDAD

¿Cuál puede ser el motivo por el que todos los periódicos subvencionados de Cataluña hayan coincidido en el editorial? Sólo espero que para esta pregunta haya tantas respuestas como individuos la quieran contestar.

Para mí, debe de tener una relación directa con alguien de coincidente conversión; alguien que, tras caer de su caballo expelido por una impertinente luminosidad llegada a través de un rompimiento de cielo, ha visto el cielo, y en éste, escrito con letras de fuego-sangre el lema; “In hoc signo vinces”; alguien que, previamente a su metamorfosis, jamás estuvo por la labor de aprender la legua de su revelación, la lengua de allende los cielos (¡oh, cielos, qué horror!)... alguien al que, una vez ya apaciguada su alma, y con la llave de la caja en su bolsillo, siente la imperiosa necesidad de fomentar una identidad compartida, muy en contra de cualquier entidad personal. Y, “pasta” en ristre, vaya si lo ha conseguido; por lo menos, entre aquellos a quienes les ha sufragado el megáfono y la suculencia, por la módica de ¡MÁS DE UN MILLÓN DE LOS ACTUALES EUROS, PER CÁPITA o CABECERA!; que no es moco de pavo.

Si Hamlet fuera catalán –cosa nada descartable, lo mismo que Elvis o Colón-, seguramente se preguntaría: “Identidad o entidad... ¿dónde está la subvención?

En resumen: Una chiquillada; quienes han obrado de la misma manera que podrían hacerlo un grupo de parvulitos en el patio de su escuela, no merecen más consideración intelectual que estos... Y se arrogan la representación total de Cataluña los muy... piiiippp (pitido censor).
Juan Alonso

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jueves, 26 de noviembre de 2009

ESA PECULIAR FORMA DE GOBIERNO

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“No hay más Castilla, si no más guerra habría”.
Fernando del Pulgar


Después de un prolongado silencio, el Gobierno alberga fundadas dudas sobre la constitucionalidad de ciertos aspectos de la Ley de Educación de Cataluña (LEC). No es que pretenda presentar recurso de inconstitucionalidad, no, que para ponerse a mal con el nacionalismo ya está el PP (amén de la inconveniencia de irritar al tripartito), sino que, más bien, su deseo es abrir una serie de encuentros con la Generalitat en los que cada parte explique su postura, mediante escenificación, para luego aplicar lo que quiere el Gobierno regional, y mantener así, el estatus de ‘Gobierno amigo’ del catalanismo que tantos réditos políticos le ha comportado. Y no es que esto lo diga yo, es el mismísimo consejero de Educación de la Generalitat, señor Maragall, quien lo explica al afirmar que el Gobierno Central tiene la “firme voluntad” de no presentar recurso de inconstitucionalidad a la LEC. El socarrón Maragall se permite el lujo, además, de ironizar sobre la lentitud del TC (que tan bien le ha ido al Gobierno al que pertenece, por cierto) para dictaminar sentencias y, en alusión directa al recurso presentado por el PP, manifestar, con toda la sorna de que es capaz que "cuando el Constitucional dictamine la sentencia, la educación catalana ya habrá cambiado". Así de fácil es, para algunos, saltarse la ley en España y, en eso, el Govern es tremendamente experto.

A pesar de la teatralidad con la que se quieren envolver los contactos, no deja de ser una bajada de pantalones y un sapo difícil de tragar para ciertos sectores de la izquierda española (los más críticos con la ‘nueva izquierda’, por decirlo con palabras de Leguina, y algunos más), que ven, con incipiente hastío, cómo sus socios catalanes generan una disputa más a añadir a la lista, ya excesivamente larga: la temeridad de la que hicieron gala al reformar el Estatuto, el quasi cisma -finalmente abortado- entre socialistas andaluces y catalanes por la financiación autonómica, las estrafalarias amenazas de desacato a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, las continuas advertencias sobre el voto rebelde en el Congreso y la independencia del PSC respecto del PSOE y la vulneración, una vez más, de la Carta Magna por parte de la LEC, son una breve muestra de ello.

Sin embargo, a quien más afecta e incomoda esta peculiar forma de gobierno, generación un problema donde no lo hay y resolución chapucera, es a la sociedad catalana. Es notable la predisposición del tripartito a abrir conflictos entre catalanes y entre catalanes y el resto de españoles, perdonarán, pues, ustedes que copie a Fernando del Pulgar y afirme que “no hay más tripartito, si no más conflictos habría”; causa esa, sin duda, de la creciente abstención en las distintas consultas electorales que se han sucedido últimamente en Cataluña. ¡Y luego, como las falsas plañideras, se rasgan las vestiduras!


10-11-2009 A. Sánchez Ponce
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sábado, 21 de noviembre de 2009

ACOGER AL EXTRANJERO

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Antes de finalizar el 2010, Cataluña tendrá la primera Ley de acogida de inmigrantes que se apruebe en España. Al margen de los conflictos competenciales que puede generar -el Estado tiene competencias exclusivas sobre inmigración y extranjería según el artículo 149.1.2 de la Constitución-, lo más preocupante es que el tripartito y CiU pretenden con esta ley fijar un marco propio de relaciones con el inmigrante al margen del espacio común español.

Probablemente García Márquez y Vargas Llosa no se hubieran establecido en Barcelona si para ser ‘acogidos’ hubieran tenido que superar las pruebas que la ley exige a los extranjeros. El certificado acreditativo oficial por el que se reconoce el arraigo acredita competencias lingüísticas básicas en catalán y el conocimiento de los rasgos básicos, históricos y geográficos de la sociedad catalana.

Es, cuanto menos, discriminatorio que se obligue al recién llegado a aprender primero el catalán y no se le deja libertad alguna para decidir en qué lengua debe ser acogido. El inmigrante es quien mejor conoce su proyecto vital y por ello debe ser él el dueño de su destino.

La intención del Gobierno autonómico de Cataluña no es preparar al inmigrante sino salvar un modelo carca de identidad catalana. En el colmo de los desvaríos, la ley prevé que en los servicios de acogida de los ayuntamientos también se impartirá la formación ‘nacional’ a los españoles procedentes de fuera de Cataluña. Los encargados de darla serán -tienen todos los números- las asociaciones habituales encargadas del adoctrinamiento nacionalista.
José Domingo
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miércoles, 18 de noviembre de 2009

SOCIEDAD CIVIL Y PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL

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La aprobación del Estatuto de Cataluña de 2006 marcó un punto de no retorno en el sistema político vigente en España desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La ley ha sido violentada hasta el punto de que en Cataluña ya no nos amparan los derechos y libertades reconocidos en la Constitución española, que sigue vigente de iure, pero ha sido abolida de facto, y así seguirá aunque el Tribunal Constitucional diga lo contrario, si es que algún día de estos dice algo.

Los estatutos de Impulso Ciudadano establecen como fines de nuestra asociación promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España, defender los valores contenidos en la Constitución, fomentar la cohesión y las relaciones entre todos los ciudadanos y comunidades e impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento y la racionalización de las administraciones públicas. En cualquier democracia avanzada, estos fines serían los de los grandes partidos políticos nacionales. ¿Por qué en España necesitamos una organización cívica que los defienda? La razón es que, para ello, no sirven ya los esquemas en los que se mueven las dos fuerzas políticas mayoritarias (conscientemente decimos fuerzas y no partidos, porque los socialistas no están constituidos en un solo partido nacional, como muy bien sabemos los catalanes, y el Partido Popular hace tiempo que cruzó todas las fronteras del respeto a sus votantes y a sus principios), ni sirven sus mediocres dirigentes, cortos de miras, ayunos de ideas y ahítos de consignas al servicio de su ambición, ni sus organizaciones burocratizadas, que los convierten en partidos de empleados en busca del sillón, la sinecura, la mamandurria, el chupar del bote y todas las demás variantes con que se recompensa el “sí, señor” y el “mande usted”.

Ha llegado la hora de que una oleada de patriotismo constitucional conciliador reconduzca la deriva desintegradora que se ha apoderado de España en los últimos treinta años. La sociedad civil debe retomar el espacio público, la calle, las instituciones políticas, los medios de comunicación, las escuelas y universidades, las iglesias, los sindicatos y las organizaciones de profesionales y empresarios, para afirmar su voluntad de ser y de decidir su destino, para poner fin a los proyectos de ingeniería social y de imposición de identidades colectivas que día tras día sacrifican los derechos de las personas en aras de unos supuestos derechos colectivos.

A tal fin, es urgente que las organizaciones cívicas defensoras de la legalidad y la libertad superen sus diferencias, a menudo personales más que ideológicas, y unan fuerzas en un empeño positivo, poniendo en segundo plano su larga trayectoria de acciones a la contra, necesarias para denunciar los atropellos, pero que no sirven para construir una opción ideológica, política y social alternativa a todas esas otras empeñadas en desvirtuar el estado de derecho: nacionalistas de distinto pelaje, socialnacionalistas y oportunistas de cualquier signo. Es el momento de hacer confluir las líneas de pensamiento y de acción que coincidan en los principios fundamentales de defensa de la Constitución, el estado de derecho, la igualdad de los españoles ante la ley, la lealtad institucional y la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos.

Pero no bastará con eso. Para que la justicia, la verdad y la libertad triunfen, hoy más que nunca hace falta despertar, “la pasión por la razón”, ya que esta última está de nuestra parte, sin duda, pero no se abre camino en el espíritu de la mayoría de nuestros conciudadanos, adormecidos y envilecidos por un sistema educativo y unos medios de comunicación al servicio del irracionalismo totalitario moderno, empeñado en crear hordas de caprichosos irresponsables, sentimentales, permanentemente insatisfechos y, por ello, fácilmente manipulables mediante la política del palo, la zanahoria y el pesebre que impera en una España convertida en cuadra por obra y gracia del neocaciquismo autonomista.
Francisco González
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domingo, 15 de noviembre de 2009

LISTAS ABIERTAS: COTO A LOS LISTOS

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Una de las consecuencias que la corrupción oreada estos últimos días en Cataluña ha provocado es la de retomar el debate sobre la necesidad de que el Principado tenga, de una vez por todas, su propia ley electoral. Bienvenido sea ese debate, más por las interesantes deliberaciones que las diferentes posturas susciten que por la influencia que, en la corrupción, pueda tener el sistema electoral que se utilice, como se ha querido ver por parte de algún sector de la clase política.

Centrándonos en el sistema de listas: ¿abiertas o cerradas? la controversia, pues, está servida. Y son dos pesos pesados del socialismo catalán, el Conseller de Economía, Castells y el President de la Generalitat, Montilla, los primeros que, en ese terreno de juego, han apuntado sus maneras. Castells, que ha rechazado avalar de forma directa las listas abiertas, se decanta, de forma velada, por ellas, “Estoy totalmente a favor de que se singularice el valor individual del diputado”, contrariamente y sin ambages, Montilla, no es partidario de las listas abiertas, “entre otras cosas porque, seguramente, esto no necesariamente seleccionaría a las personas más capaces” y, además, enfatiza, “nuestro sistema de partidos políticos no es tan fuerte como para que lo debilitemos…un sistema democrático con unos partidos débiles acaba siendo una democracia débil, y de esto, también hemos de aprender”.

Discreparemos, aquí, de las palabras del President. Las listas abiertas, en cuanto que ofrecen mayor posibilidad a los electores de configurar la composición de las Cámaras -que son las que finalmente tomarán las decisiones que afectarán a todos- acercan e implican más a los ciudadanos con la política y sus representantes, un modo más elegante y lúcido de expresarlo es el del profesor Félix Ovejero, “…la ley justa, garantía frente al poder arbitrario, sólo puede ser el resultado de una democracia máximamente participativa…”. Si bien es cierto que las listas abiertas no garantizan la elección de los más preparados y válidos, las listas cerradas tampoco lo hacen y, además, añaden el riesgo de que los integrantes de la lista sean los que mejor saben manejarse en las triquiñuelas y subterfugios del aparato del partido, los que son acríticos con la dirección de éste y los meros satélites del líder, aunque no sean los más capacitados para la gestión política.

El razonamiento de que el sistema de partidos políticos no es tan fuerte para que lo debilitemos, tiene endebles cimientos. No es cierta la premisa de que la fortaleza de los partidos vigoriza la democracia y, además, confunde partido con cúpula de partido; la experiencia que tenemos en España –la cruda realidad- nos enseña todo lo contrario: la fortaleza de los partidos, mejor dicho la fortaleza de sus cúpulas, favorece la partitocracia que es, por definición, la tiranía de la dirección de los partidos. Las listas abiertas no debilitan a los partidos, más bien los dinamizan y fomentan el debate político público y, a la vez, interno del partido, en definitiva, los enriquecen. La inferencia de que un sistema democrático con partidos débiles acaba por debilitar la democracia ha de justificarse y, a mi modo de ver, es, cuando menos, temeraria, que el elector tenga la posibilidad de decidir a la persona concreta a quien votar -a su diputado- fomenta la democracia participativa -que es la forma de democracia más pura-, la potencia y endurece.

Dice el de Iznájar que hay ejemplos de países que han hecho mal uso de las listas abiertas, podría ser, pero también los hay, como Finlandia, ejemplo y paradigma de sociedad avanzada, que obtienen buen provecho de esta modalidad electoral.

Concluyendo la apología: las listas abiertas cierran el paso al sistema clientelar, que es la forma más habitual de confeccionar las listas por los partidos, y pone coto a los listos, juntamente, promueven una competencia positiva entre aspirantes al poder político y dejan la decisión, en última instancia, en manos de la ciudadanía, con la consecuente mejora de la calidad democrática de la sociedad. A mi modo de ver, sólo aquellos incapaces e inseguros, los que utilizan las listas como medio de pago a los servicios personales prestados, los que prefieren el desierto para que nadie les haga sombra o aquellos que tienen miedo de la decisión del pueblo -imposible de enjabonar y adular- pueden estar en contra de dicho sistema. ¿Será ese el caso de Montilla?
15-11-2009 A. Sánchez Ponce
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miércoles, 11 de noviembre de 2009

LA CIUDADANÍA DEFIENDE LA DEMOCRACIA

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Después de los últimos acontecimientos que nos enseñan la forma de vida de muchos políticos o ciudadanos trincones, he pensado que la ciudadanía debería presentar una iniciativa popular, con las firmas que se precisen y de acuerdo con la legislación vigente.

Esta iniciativa legislativa, que debería cambiar muchas leyes vigentes, se podría dividir en cuatro grandes bloques a desarrollar, discutir y aprobar:

PRIMERO.- No prescripción de los delitos cometidos por los señores políticos, ciudadanos y sus cómplices. Es decir, que si de descubren al cabo de 15 o 20 años unos hechos delictivos, se podrán perseguir y juzgar.
SEGUNDO.-Prisión sin fianza, con un mínimo de un año, sea cual sea la edad del presunto inculpado.
TERCERO.-Inmediato embargo de sus bienes personales y de los de toda su familia, fijando el juez un derecho de alimentos, de acuerdo con su forma de vida, así como privarle de la administración de sus bienes y negocios.
CUARTO.-Si hubiese condena penal, devolución de todos los bienes o dineros distraídos, más sus intereses, estén a nombre de él, de su familia o de sus cómplices. Además privar a todos del derecho a tener propiedades a su nombre durante toda su vida.

Se imaginan que impacto tendría esa Ley entre la ciudadanía. Pero, como dijo el filosofo,”seamos realistas pidamos lo imposible”. Esa Ley o alguna parecida nunca se aprobará en ningún Parlamento, ni será derecho positivo de un código; menudo grupo son esos señores que deberían aprobar esa ley que va contra sus propios intereses.

En cuanto a la actuación de Garzón, ya nos enseñaban en la Universidad lo de la división de poderes. Legislativo, los políticos hacen las leyes. Judicial, los Jueces han de aplicar las leyes aprobadas por los políticos. Por último el Ejecutivo, presenta al Parlamento las leyes, que le interesan como hace el actual gobierno de España, estén o no en su programa electoral y sin importar los sucesos o encuestas.

Parece, sólo parece, que los últimos episodios de alarma social sufrida por la ciudadanía, han sido inducidos o producidos por políticos o personajes que están o han estado en el candelero, y que parecían intocables, pero hay está la Justicia como niveladora de los ciudadanos. Por ello, ha de ser un poder independiente del Estado.

La Ley de Contratos de las Administraciones Públicas debe, necesariamente, ser modificada en profundidad, para que impida comportamientos como los actuales de administraciones y empresas públicas. Estamos en las mismas, los políticos no cambiarán una Ley que les da auténticos beneficios legales o ilegales. No hay político en España valiente que en su programa político se atreva a llevar a cabo las reformas necesarias.

Los detenidos, algunos de ellos inculpados, parece que serían los modelos a imitar, a querer a su tierra, a querer a la honradez, a querer el bien de sus ciudadanos, a querer a su partido, pero por encima de todo a quererse a ellos mismos, y si no tenemos ejemplos.

En Cataluña tenemos una expresión muy típica: "no n´hi ha un pam de net", traduciéndola libremente se podría entender como “que no hay nadie libre de culpa”, lo que es muy aplicable, a lo que está sucediendo. Pienso que "algunos" políticos encuentran trucos para practicar la corrupción, como las facturas falsas, los informes inútiles, los cursos de formación no hechos, las fundaciones, y no hablemos de paraísos fiscales.

Todos los políticos ocupando un cargo deberían poder demostrar que su patrimonio es fruto de su trabajo.

¿Porqué los ciudadanos no organizamos un sistema de denuncia pública de lo que sabemos o conocemos? Si esto sigue así, acabaremos como en Cuba, que funcionan con unos comités de barrio y cuando un vecino vive por encima de sus medios ¡zas¡ denuncia al canto. Y mira que a mí me huele que todos estos casos descubiertos, de derechas, de izquierdas o de apolíticos, se han iniciado vía de la denuncia anónima. Quizá me equivoco, bueno vaya casi seguro me equivoco, pero verdad que seria una buena solución. Cuando un ciudadano, se entere de una distracción, despilfarro, apropiación o como vulgarmente se llama una chorizada, denuncia a la fiscalía, a hacienda o al juez; y, si se demuestra que su denuncia es real, que le premien con un % de lo recuperado.

Faltan asociaciones de vecinos o de barrio que como en los tiempos del duro franquismo salían a la calle a denunciar al poder. Se luchaba por el barrio, el analfabetismo y el paro, ahora debería ser contra la corrupción y el paro; pero las subvenciones se cargaron al movimiento vecinal. Dónde están los sindicatos, ¿por qué no movilizan a la sociedad? También están manchados por la corrupción, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra.

Luego los periodistas de este país se llenan la boca hablando de la corrupción latinoamericana, y se olvidan la de aquí; también están subvencionados, ¡qué pena! No saben dónde viven los alcaldes, ni los coches, ni los bienes que tienen; qué fácil lo tendrían y cuánto campo de actuación desaprovechado.

MACIÀ, lastima de la prescripción, que le investiguen de la época que tenía poder y otorgaba muchas licencias entre ellas las del juego en Cataluña, que le pregunte la guardia civil porque no tenemos un hipódromo en Cataluña, no sería por intereses en las apuestas hípicas... Y su esposa, en su época vendiendo todos sus cuadros a buen precio entre otros a insignes compradores Alfonso Escámez, José María Amusátegui, Lluís Pascual Estivill, Hermanos Lao y muchos más.

El Alcalde de Santa Coloma hijo de Blas Muñoz. Industrial y propietario de bloques de pisos en alquiler cerca de 500 apartamentos. Este alcalde sí cree en el progreso: en 15 años de trabajar de dependiente a tener una gran fortuna y vivir en la zona más cara de Barcelona. Que le pregunte la guardia civil sobre las dos últimas promociones de pisos de VPO (viviendas de protección oficial) porque se han otorgado a familias de empleados de altos cargos del ayuntamiento y no se han concedido a los residentes en el pueblo y que son los que realmente los necesitan.

El otorgar a dedo, eso es una forma de progreso también. Y el hermano del alcalde, todo queda en familia, es el presidente de Gramepark (Empresa de construcción municipal) que se han realizado unas recalificaciones escandalosas.

Los socialistas hace 20 años que se están riendo de la clase trabajadora de Cornellà, Badalona, Hospitalet, Gavà, Santa Coloma de Gramanet. No es que usen sus votos para construir la nación catalana, sino mejor, se hacen de oro con los convergentes de toda la vida. Entiendan los lectores no catalanes, hacen negocio los explotadores de los trabajadores, es decir Convergencia, con los explotados, es decir PSC, ¡lo que me quedaba por ver!

Me acuerdo ahora del maestro D. Mamuel Jiménez de Parga y su tesis que los ayuntamientos y autonomías no deberían tener ningún poder en relación al urbanismo que debería ser una competencia exclusiva del estado. Esa cuestión sería otra iniciativa popular, diferente a la mantenida al principio de estas líneas.

Las autonomías se están cargando al país, y si no al tiempo. Vean un ejemplo la “crosta” nacionalista, critica la intervención de la Guardia Civil y que la orden venga de Madrid. Ya ven la importancia del recurrido Estatuto de Cataluña, ¿se imaginan por qué quieren Fiscales y Jueces catalanes?

Lo que me produce verdadero placer, es informarme de que estos presuntos delincuentes hayan ido para la capital de España en un furgón de la Guardia Civil durante ocho horas de trayecto.
La ciudadanía ya esta desafecta de la política, el problema es a quién votar en las próximas elecciones, ¿y si votáramos todos en blanco?…..QUÉ PAÍS.
Jueves, 29 de octubre de 2009 /Antonio Pavón Ortiz
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domingo, 8 de noviembre de 2009

PAX CATALANA


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Pese a los esfuerzos de algunos sectores del establishment catalanista por desplazar el foco mediático hacia la heroica campaña de mini-referéndums separatistas (entre otras diversiones), la atención de los ciudadanos permanece centrada en los casos de corrupción que están saliendo a la luz, y que casualmente están todos relacionados con ese mismo establishment. Tan notables son los casos, y tan profundo su impacto en la opinión pública, que los escándalos ha trascendido ya los límites regionales y nacionales. El pasado día 3 de noviembre, era el prestigioso diario francés Le Monde quien publicaba un lúcido cuadro sobre la decadencia de la marca Barcelona y el contexto en que ésta se produce, marcado por la desconfianza creciente de la sociedad hacia los políticos en Cataluña, alentada a su vez por la aparición de diversos asuntos de corrupción en círculos muy VIPs de la política catalana. El autor del artículo, Jean-Jacques Bozonnet, yerra tan sólo el tiro en el último párrafo de su crónica, cuando presenta los casos de corrupción en Cataluña como la continuación de los recientes escándalos surgidos en el resto de España y la ruptura del llamado “oasis catalán”.

Ciertamente, el caso Orfeó Català – Palau de la Música y la Operación Pretoria desplegada por el juez Baltasar Garzón aparecen justo después del estallido del caso Gürtel, que afecta fundamentalmente a las administraciones regionales de Valencia y Madrid, gestionadas por el Partido Popular. Pero no hay continuidad entre lo uno y lo otro. La corrupción “transversal” denunciada en Cataluña, ocurrida al amparo de las opacas redes de influencia tejidas por el Partit dels Socialistes de Catalunya y los nacionalistas de Convergència i Unió, tiene raíces más antiguas y más profundas que la trama Correa, y forma parte nuclear del subsistema político catalán. Esto es así porque sus bases, que como la de Correa (y otros casos famosos en la historia española), las redes clientelares construidas en torno a aparatos políticos enquistados en las Administraciones Públicas, han sido en Cataluña mucho más longevas que en otras regiones españolas (no todas). Está estrechamente vinculada con una cultura política basada en la repartición tácita del poder político en Cataluña que durante largos años cedió el poder autonómico a los convergentes que reinaron sin alternativa hasta 2003; y el poder local (las grandes ciudades y, en particular, Barcelona y su cinturón metropolitano) al PSC y aliados desde las primeras elecciones municipales, en 1979. Las miserias del sistema dual construido en torno a estos dos pilares desde tiempos inmemoriales es lo que aparece ahora a la luz, perfectamente simbolizado en las figuras de Fèlix Millet, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra o Bartomeu Muñoz: Millet (hijo), cuyo apellido le convirtió en un ser prácticamente intocable en los círculos más exclusivos del catalanismo (socialista, independentista, convergente o conservador) y de sus innumerables ramificaciones políticas, económicas y de eso que humorísticamente llaman “sociedad civil”; Prenafreta (“¿te das cuenta, Lluís, que en estos momento la Generalitat somos tú y yo?”, es difícil describir con mayor precisión la centralidad del personaje y su poder en la sala de máquinas del pujolismo que con las palabras que le dirigió Jordi Pujol); el exconsejero de Economía Alavedra, otro venerable histórico del catalanismo convergente y actual referente de la Fundació Catalunya Oberta (la ideóloga de la marea de mini-referéndums separatistas que se cierne sobre Cataluña); y Bartomeu Muñoz, protegido y sucesor de la presidenta del grupo parlamentario del PSC y buen representante de la segunda generación del aparato del PSC, la que viene a suceder a “capitanes” como Montilla, De Madre y Corbacho en sus pétreos feudos municipales, tras el paso de éstos a la liga autonómica o nacional: sería complicado encontrar perfiles más representativos del establishment que ha manejado Cataluña en los últimos treinta años.

Es esta connivencia implícita entre socialistas y convergentes, esta especie de Tratado de Tordesillas nunca explicitado entre los dos grandes partidos políticos catalanes, la que late bajo los casos de corrupción detectados ahora por la justicia. Así lo indican, además, diversas declaraciones de algunos de los máximos responsables políticos de ambas formaciones. Las palabras pronunciadas por Pasqual Maragall, expresidentes de la Generalidad, durante el debate parlamentario del Carmelo, “ustedes [por CiU] tienen un problema y ese problema se llama 3%” son suficientemente expresivas, como lo fue también el vergonzoso telón caído sobre ellas en forma de balbuceante retracto. Pero también lo son las amenazas proferidas más recientemente por Jordi Pujol, también expresidente regional, y por Agustí Colomines, presidente de la fundación nacionalista Trias Fargas (receptora de fondos del Palau ilegalmente desviados por Fèlix Millet), advirtiendo sobre lo mucho que podrían sufrir otros partidos (en alusión al PSC) si ellos se dedicaban a “tirar de la manta” de la financiación ilegal. Los tres responsables, entre los cuales se encuentran, hay que repetirlo, ni más ni menos que los dos presidentes electos vivos de la Generalidad democrática, han certificado así lo que era vox populi en Cataluña: la existencia de un pacto de silencio entre los poderes fácticos catalanes para mantener fuera de la luz pública las entrañas menos gloriosas de la construcción “nacional” y autonómica desarrollada por la sociovergencia en estos treinta años. Los tres responsables han descorrido el velo, siquiera momentáneamente, pero no para reclamar que se investigue todo lo que deba investigarse; sino precisamente para evitar que alguien se atreva a hacerlo. Es sorprendente –de esas sorpresas sólo aparentes, como la que ha querido impostar la Cataluña oficial tras las detenciones de Alavedra, Prenafreta y Muñoz– que cada una de estas declaraciones se hayan disuelto en el paisaje una vez hechas, como el exabrupto que rompe momentáneamente la dulce placidez de la sociedad benestant, y que todo el mundo simula no haber oído conteniendo el sonrojo; en lugar de ser pistoletazos de salida de una investigación seria y sin concesiones, cada vez más urgente, para ver hasta dónde llega la “manta” y hasta dónde el “problema” al que se refirieron, en un momento de enajenación, enojo o lucidez, según se mire, nuestros ilustres próceres.

Los escándalos de corrupción en Cataluña, ya sea el caso Millet-Orfeó Català-Palau de la Música que toca básicamente a entornos nacionalistas, ya sea la Operación Pretoria por la que se ha detenido a antiguos responsables nacionalistas y, por el momento, a un alcalde socialista, sea el misterioso 3% mentado por Maragall, todo esto no rompe en medida alguna el llamado “oasis catalán”. El drama de Cataluña es que se trata justamente de lo contrario: estos casos muestran la dinámica profunda, constitutiva, de esta impostada pax catalana que durante años ha escondido con un envoltorio de seny autocelebrado y consenso patriótico-catalanista una red de corrupción sistemática de la que sólo estamos viendo el principio, y probablemente nunca veamos el fondo. El hecho diferencial catalán, su exquisita y civilizada altura democrática, corren el riesgo de verse reducidos al truco más viejo de los caciques en decadencia, que venden sus desmanes como servicios a la patria (o cualquier otro principio más elevado que ellos) y pretenden que no sólo lo toleremos sin rechistar, sino que además les agradezcamos el desvelo.
Juan Antonio Cordero
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miércoles, 4 de noviembre de 2009

DOCTOR, ¿VERDAD QUE NO NOS HAREMOS DAÑO MUTUAMENTE?

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Según el barómetro del CIS del mes de Septiembre, la corrupción en España preocupa solamente al 1,4% de los españoles. ¡La corrupción no preocupa! ¡uhmmm! una de dos, o el pillaje tiene buena prensa entre nuestros paisanos y, en caso de poder, todos haríamos lo mismo, o bien, damos por perdida la batalla contra esa expansiva epidemia.

Y si no preocupa a la ciudadanía ¿por qué habría de preocupar a sus representantes políticos? a los hechos me remito, en 2007, según información de El Mundo, la mesa del Parlament recibió un informe de la Sindicatura de Cuentas, donde se detallaban las malas prácticas urbanísticas que se daban en Santa Coloma de Gramanet y ningún grupo político requirió la comparecencia del síndico para explicar la situación: ahora sabemos que no se trató el tema en sede parlamentaria porque el orden del día era muy extenso, del mismo modo, el Parlament tenía conocimiento de las actividades irregulares de Millet, desde bastante antes de que se descubriera el pastel del Palau, sin embargo, no se tomaron medidas al respecto, hemos de suponer que el orden del día seguía siendo inabarcable.

No es de extrañar, pues, que en referencia al caso ‘Pretoria’ el diario Público nos ofrezca este titular: “Montilla y Mas ponen sordina a la corrupción. Ambos eluden los reproches para que la operación no aumente el desapego por los políticos”. Entiendo yo que lo sensato sería pensar lo contrario, es decir, que el escaqueo descarado, ese silbar mirando para otro lado, por parte de ambos dirigentes, empeora la percepción que tiene el ciudadano por sus representantes y fomenta el desapego hacia ellos.

Sucede que lo que han protagonizado gobierno y principal partido de la oposición en el Parlament es obedecer al patriarca Pujol, que poco antes había afirmado en la televisión pública catalana: ‘no conviene tirar de la manta porque todos saldremos perdiendo’; así, dicho con naturalidad, pontificando, saboreando la certeza de que nadie de entre la clase política catalana alzará la voz contra tamaña desvergüenza.

Así las cosas, han tenido que ser instituciones de fuera de Cataluña, ¡qué ultraje!, como la Audiencia Nacional, la Fiscalía y la Inspección de Hacienda, las que han tirado de la manta debido a que aquí, o han faltado redaños o todos tienen algo que ocultar. Y esto es lo que hay, nada que no se parezca a lo que ocurre en otros lugares, sólo que aquí, lo hacen unos tipos envueltos en la bandera de Wifredo. Nos chulean, nos trajinan, nos hacen pagar la cama y, cuando se les descubre, solo aciertan a insinuar lo que el paciente aquél a su dentista. En vista de ese exiguo 1,4 %, tal vez, nos lo merecemos.

30/10/2009 A. Sánchez Ponce
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domingo, 1 de noviembre de 2009

CATALANISMO Y ESPAÑA CAÑÍ

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Leo por ahí que la Generalitat quiere imponer el catalán a los policías nacionales, y que Política Lingüística quiere extender la medida a todos los funcionarios que llegan a Cataluña.


Acostumbrada, creo, a leer noticias de este tipo, una no puede dejar sin embargo de esbozar una sonrisa...

Otro paso más. Y van...
El nacionalismo que tenemos aquí pretende identificarse y ensalzarse aplicando a todo cuanto aquí suceda el calificativo de “catalán”.

No es un calificativo común; tiene una connotación distintiva, de superioridad, y esa identidad precisa a los de enfrente para consolidarse porque se es "catalán" frente a lo que no lo es. Es, sencillamente, una relación sobre la desigualdad; sobre lo importante que es remarcar la desigualdad para afirmar lo propio como superior.

En esta artificial sociedad que nos presentan cada día y de la que tan orgullosos se hallan, se ha llegado incluso a reclamar jurisdicción propia ("nostra") para entender de los últimos casos de corrupción. Al fin y al cabo ¿qué hace un juez de Madrid entrometiéndose en nuestras cosas? Los delincuentes son nuestros, los delitos también. Todo ello es "catalán". Y, claro, los pobrecitos no integrados en tan selecta comunidad advierten por fin que es que hay una honradez "catalana", propia de aquí, que ellos en su ignorancia no han sabido vislumbrar. Y que es posible que tampoco sepa hacerlo un juez que sea de Madrid, tan ajeno al perfil de la honradez "catalana".

Aquí todo es así, "catalán" o "en catalán". Es preciso decir la palabra mil veces cada día. Es preciso marcar las distancias con lo que no lo es, y atraer a esta conciencia madre a todo aquel ser o cosa que no es del todo "catalán" o que no se hace o practica "en catalán". Hay que "catalanizar" el mundo, la vida, el planeta, el universo...

Por eso, aquí dormimos "en catalán"; sentimos "en catalán"; trabajamos en "catalán", delinquimos con nuestro sello "catalán" y "catalán" debe ser aquel que pretenda juzgar los pequeños errores que cometamos, casi sin darnos cuenta, al detraer de las cuentas públicas, algunos pellizcos "catalanes" para nuestro propio bolsillo "catalán".

Aquí hay que tener Policía que hable "catalán" y, a ser posible, que toda ella sea "catalana". El cine, no es nada si no lo oímos en catalán. Nuestros intelectuales sólo lo son si los podemos llamar de la cultura "catalana" (la zamorana, burgalesa o jiennense, si las hubiera, no valdrían). Compramos productos "catalanes" y todos hemos advertido que las acelgas "catalanas" tienen un plus de calidad en su intrínseca naturaleza si son "catalanas". Rotulamos los establecimientos en catalán y a través de multas conseguirán que olvidemos nuestras malas costumbres de rotular en español; leemos (poco), pero sabemos que debemos hacerlo "en catalán"; y cada día brindamos con cava "catalán" al incorporar a nuestros "catalanes", censos una cantidad ingente de "catalanets" recién nacidos de nombre Omar, Hassan, Fátima, Raul-Nelson o Alfredo-Carlos. Ya llegará el momento de catalanizar también los nombres.

Las amantes de nuestros prohombres, como en aquel magnífico chiste conocido por muchos, han de ser "catalanas" y si no lo son “no ens agraden" porque "las nostras" son mejores y estamos dispuestos a apadrinarlas y a considerarlas "nuestras", de todos nosotros, porque son catalanas.

Creo que incluso Beethoven tiene una particular manera de sonar "en catalán"; sobre todo en el Palau.

Mi hija pequeña, cuando tenía 9 ó 10 años me dijo un día en que yo la apremiaba para que hiciera los deberes:

"¡Ay, mamá. Estoy harta del cole. Estoy harta de Geografía "catalana", de la Historia de "Catalunya", de la Música "Catalana", de las Matemáticas "catalanas"...!!

La pobre lo dijo con toda la inocencia del mundo, de carrerilla, porque así lo percibía. Así percibía la música y las matemáticas después de tener ya interiorizado que la Geografía y la Historia que estudiaba eran "catalanas", no una vulgar Geografía o Historia. Fue una de las primeras víctimas de la inmersión lingüística. Hasta que lo pude arreglar.

Han pasado muchos años, pero la percepción de la niña en aquellos momentos es la que, más acentuada aún, percibimos ya todos los ciudadanos de Cataluña. Hasta el aire debe ser "catalán" ¡Si pudieran embotellarlo en el Montseny!

Y con este empacho de "catalanismo" cada vez más unos u otros recalan en Logroño, Segovia o Albacete. Y, si están jubilados, no vuelven. Es precio oxigenarse y respirar otra vez aire corriente, el que respira todo el mundo, el que no tiene el "pedigrí" catalanista, aunque allí como aquí esté algo viciado.

Parece que no ser catalán y, sobre todo, no tener que serlo, es una de las aspiraciones que aun tienen los que antes, mucho tiempo atrás, no tenían presente el marchamo de identidad de "lo catalán" y vivían tan felices siendo de León, Almería o Zaragoza.¡Ingenuos, no sabían lo que se perdían!

Hoy gracias a nuestros próceres sabemos que no, que no es lo mismo, y esperamos pacientemente que en generaciones sucesivas nos alcance la gracia de la "catalanidad" y que esa condición de ser de León, Almería o Zaragoza, no la hereden nuestros hijos. Así nos lo han enseñado. Alguna similitud hay con el mono humanizado que aparece en el "Informe para la Academia" de Kafka...

Claro que podría ser que un poco hartos de tanto "catalanismo" la granja se rebelará y reivindicara algo más la España cañí, esa que, asustados, hemos dejado en la puerta antes de entrar.

Yo, por si nos decidimos, ya me he comprado un vestido de faralaes.
María José Peña
1 de Diciembre de 2009
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