Descripción de la asociación



La Asociación IMPULSO CIUDADANO se suma, como movimiento cívico, al servicio para la vigilancia de los derechos de los ciudadanos, la racionalización de las administraciones públicas y la regeneración de la vida política.

"La Cataluña virtual es omnipresente. La misión de Impulso Ciudadano debe consistir en hacer aflorar la Cataluña real".


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viernes, 9 de marzo de 2012

El "MandaMás"




El Tribunal Supremo dejó bien claro que el castellano debe ser reintroducido como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña y ordenó que la Administración educativa catalana adoptará las medidas necesarias para hacerlo posible. La inmersión en lengua catalana es una de las principales líneas rojas trazadas por el nacionalismo catalán para delimitar su campo de juego y para evitar que ninguna institución o particular, nada ni nadie, las traspase acuden a la coacción y a la manipulación.
Al cobijo de la sombra del mandaMás han florecido plataformas como Som Escola o Escola en Català, que han enviado miles de correos electrónicos y han convocado manifestaciones delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para advertir a los magistrados de que si se atrevían a saltar la raya del monolingüismo catalán corría peligro la paz social. El Parlamento catalán, por su parte, ha desafiado al Poder Judicial aprobando resoluciones en las que declaraban que el catalán sería la única lengua vehicular de enseñanza, con independencia de lo que dijeran los Tribunales.
En ese contexto, el Tribunal catalán le ha pegado un capotazo al toro y lo ha devuelto, casi entero, al Tribunal Supremo. Le ha faltado valor. Recrimina a la Administración catalana que no haya ejecutado la sentencia, pero achica seguidamente los espacios y reduce las medidas para hacer posible que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza a una enigmática “situación jurídica individualizada” que delega la forma de concretarlas en el centro donde estudien los niños de las familias afectadas. Conscientes de que la solución no es la definitiva, los magistrados sugieren en el controvertido auto que la última palabra sobre este tema la tendrá, otra vez, el Tribunal Supremo.
Al Poder nacionalista le ha faltado tiempo para tratar de confundir a la opinión pública. Tras salir con el espantajo de la segregación y de las dos líneas separadas y recordar por enésima vez a Franco, se atreven a afirmar, sin pestañear, que la inmersión lingüística ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia catalán. Falso. De hecho de los veinticuatro magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sólo uno –el que ha emitido el voto particular- ha defendido que el catalán debe ser la lengua vehicular de la educación. Los veintitrés restantes no han dicho ni una palabra al respecto y, por el contrario, han reiterado que el castellano también debe ser lengua docente en la enseñanza.
La guinda la ha puesto la valoración de la Consejera de Enseñanza. Las sentencias del Tribunal Supremo se jibarizan y quedan comprimidas por la Honorable convergente en un grotesco derecho a la atención individualizada en castellano en la educación infantil, que sarcásticamente es definido como “un mecanismo para tranquilizar a las familias”, es decir, un placebo. El engrudo, según Rigau, consiste en que: “Si tienes la sensación de que un niño no te ha entendido a la hora de explicar unas normas, en vez de hacerlo públicamente y repetirlo todo en castellano, después te diriges a él y le dices: mira, lo que queríamos decir es que, al acabar la clase, la silla se pone sobre la mesa. Son una serie de pautas y de instrucciones que se personalizan.”
Esa rueda de prensa la tiene que ver el Ministro de Educación, Cultura y Deporte para que analice como la Generalitat cumple las normas educativas en Cataluña y se decida, de una vez, a modificar la Ley Orgánica del Derecho a la Educación para incluir el derecho de los alumnos a ser educados en castellano en todo el territorio nacional y a poner los medios para hacerlo efectivo. Así de sencillo.

José Domingo
Presidente de Impulso Ciudadano y exdiputado del Parlamento de Cataluña.

domingo, 4 de marzo de 2012

SANT POL COMO SÍNTOMA





El nacionalismo transversal catalán tiene una tendencia innata a pegar puñetazos en el tablero para sacar las piezas de su sitio cuando la marcha de la partida no lleva el rumbo que le conviene. Si el jugador contrario reclama la aplicación del reglamento y el árbitro sanciona al infractor, el catalanismo pone el grito en el cielo y se hace la víctima. Es lo que ha pasado en Sant Pol de Mar: el consistorio vota incumplir las leyes de banderas, cuando el Juzgado, a instancias de un concejal, ordena colocar la bandera de España, la alcaldesa apela a la soberanía del municipio y reclama su derecho a hacer lo que le plazca, llama a rebato y algunos se sienten legitimados, literalmente, para incendiar los símbolos españoles. Lo sorprendente es que el ciudadano ejemplar que ha logrado que el imperio de la ley triunfe, es acusado por los nacionalistas de romper la convivencia y tiene muchos números para ser declarado persona non grata en el municipio. El mundo al revés. Que se sepa, a día de hoy, el Gobierno de Cataluña no ha recordado a los ayuntamientos que en un Estado democrático de Derecho es oportuno cumplir las normas. CiU tampoco ha dado instrucciones a sus concejales o alcaldes para que dejen las banderas en paz y respeten las leyes. Si en el Pleno del Parlamento de Cataluña y en la Delegación del Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma se exhiben, con normalidad, las banderas de España y de Cataluña ¿qué inconveniente hay para que algunos alcaldes, concejales o funcionarios no lo hagan en las dependencias municipales? ¿Es que se pretende practicar el golpismo en determinados municipios? A la vista de las declaraciones de los impulsores de algunas asociaciones de municipios independentistas y de las resoluciones adoptadas por ciertos ayuntamientos, destinadas a romper los anclajes institucionales, es evidente que sí. EL PSC, como siempre, de perfil, se abstiene. La estrategia soberanista de CiU, con la complicidad útil de los socialistas, pasa por deslegitimar la España autonómica. Cada mes asistimos a la escenificación de un nuevo agravio que justifica la separación de Cataluña del resto de España, que si las balanzas fiscales, que si el traspaso de cercanías, que si los papeles de Salamanca, que si las corridas de toros, que si la ley del aranés, que sí las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, que si el corredor mediterráneo, que si la gestión del aeropuerto o la reforma de la ley de puertos, o el impago del fondo de competitividad, o el expolio, o las últimas declaraciones de Mourinho… Es más, si Chacón hubiera ganado, el PSC habría sido asimilado por el PSOE y cuando es Rubalcaba, finalmente, el vencedor, queda demostrado que España no está preparada para que una catalana pueda ser secretaria general de un Partido español. Si la Academia del Cine Español propone para los Oscars a Pa negre, se hace para atacar a la Acadèmia del cinema català de Joel Joan que, supuestamente, se fundó porque España nunca presentaría a aquel certamen una película rodada en catalán. Sea cual sea la razón, siempre hay motivos para un agravio más. Sea la circunstancia una o su inversa, siempre sopla el viento a favor de su victimismo interesado. Sin embargo, lo cierto es que en muchos ayuntamientos catalanes la bandera que no ondea es la española, que los comercios que son multados son los que no tienen la rotulación en catalán, que los niños que no pueden educarse en su lengua son los castellanohablantes y que quien sufre amenazas en su municipio, del que pretenden expulsar, es quien pide que se cumpla la Ley. En estos tiempos de crisis económicas, en que las sensibilidades están a flor de piel, sería conveniente que todos aprendiésemos a racionalizar nuestras pasiones y no forzásemos innecesariamente las situaciones.El catalanismo tiene que empezar a comprender que el problema a resolver no es el del encaje de Cataluña en el resto de España (algunos madrileños empiezan a ver rentable la separación), sino el de la tensión unidireccional que proyectan sobre la sociedad catalana que comienza a poner en peligro su cohesión. Desde la transición, la comunidad de catalanes castellanohablantes o de aquellos que se sienten identificados con la España plural viene aguantado estoicamente afrentas y discriminaciones, pero no siempre tiene porque ser así, más cuando con agresividad, el catalanismo se está situando al margen de la ley y trata de echar con malos modos del escenario al distinto, al divergente, al otro inasimilable.
José Domingo
Presidente de Impulso Ciudadano
 
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