LOS SOCIALISTAS Y LAS MULTAS

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He releído recientemente el debate que tuvo lugar el día 30 de diciembre de 1997 en el Parlamento de Cataluña con motivo de la aprobación de la ley de Política Lingüística. El hoy Conseller, Joaquim Nadal, reconocía en su discurso final que los socialistas daban apoyo a aquella ley porque durante el proceso de tramitación, habían logrado atenuar el régimen sancionador y el deber de disponibilidad lingüística que incluía la propuesta inicial de CiU.

Durante los meses que precedieron a la aprobación de la Ley y tras la aparición de los manifiestos del Foro Babel y de la CECREC (Confederación de Entidades Regionales y Culturales en Cataluña) los dirigentes socialistas se habían empleado a fondo para desactivar la contestación, sobre todo, de las casas regionales. Para ello, propusieron la aprobación de la Disposición Adicional Quinta que declara que la Ley de Política Lingüística no establece sanciones para los ciudadanos y ciudadanas pero, sibilinamente, exceptuaba a las empresas y entidades concernidas que no rotulasen, al menos, en catalán las señalizaciones y los carteles de información de carácter fijo, así como los documentos de oferta de servicios, entre otras obligaciones. Igualmente, arrinconaron la disponibilidad lingüística de manera que en las relaciones entre comerciantes y consumidores nadie sería obligado a contestar oralmente o por escrito ni en catalán ni en castellano. Se anteponía, por lo tanto, la libertad de expresión y la libertad de empresa a los deberes lingüísticos.

Mucho han cambiado las cosas desde la llegada de los socialistas al poder. Entonces se oponían a las sanciones lingüísticas; ahora el Conseller Castells está al frente de la Consejería de Economía y Finanzas que se ceba con los propietarios de pequeños negocios a los que impone cuantiosas multas cuando descuidan la obligación de rotular en catalán. Según los datos del último informe de política lingüística correspondiente al año 2008, la Generalitat en ese año ha impuesto 209 multas a comercios catalanes y ha recaudado más de 200.000 mil euros por ese motivo.

Está claro que los socialistas han cambiado de criterio y han decidido abanderar el régimen de terror contra los comerciantes por incumplimiento de unos mal llamados deberes lingüísticos. En esta época de crisis económica han decidido dar la puntilla a miles de empresas y trabajadores anteponiendo unos descabellados deberes lingüísticos a los derechos sociales. Han cogido el fusil de multar a los ciudadanos y dejado claro que tampoco les va a temblar el pulso a la hora de condicionar la estabilidad de miles de puestos de trabajo cuando llegue el momento de aplicar el denominado deber de disponibilidad lingüística. La disponibilidad lingüística es la obligación que tienen las personas que están al frente de un establecimiento abierto al público de contestar en la lengua que le requiera el cliente. En el año 1998, los socialistas eran contrarios a este deber, defendían que no era constitucional exigir el conocimiento obligatorio del catalán. Ahora, en cambio, impulsan un Código de Comercio en el Parlamento de Cataluña que sanciona hasta con 10.000 euros que pueden llegar a ser 100.000 e incluso el cierre cautelar de aquellos establecimientos que no dispongan de personal que sepa contestar oral y por escrito en catalán o en castellano a los clientes.

No sé si este giro en su posición se debe a una decisión unilateral o a una cesión a sus socios de gobierno, pero no me cabe la menor duda de que la asunción de los postulados nacionalistas pasará factura a los socialistas en sus feudos históricos barrios en los que la gente no entiende esa histeria sancionadora.

José Domingo

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