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La aprobación del Estatuto de Cataluña de 2006 marcó un punto de no retorno en el sistema político vigente en España desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978. La ley ha sido violentada hasta el punto de que en Cataluña ya no nos amparan los derechos y libertades reconocidos en la Constitución española, que sigue vigente de iure, pero ha sido abolida de facto, y así seguirá aunque el Tribunal Constitucional diga lo contrario, si es que algún día de estos dice algo.
Los estatutos de Impulso Ciudadano establecen como fines de nuestra asociación promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España, defender los valores contenidos en la Constitución, fomentar la cohesión y las relaciones entre todos los ciudadanos y comunidades e impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento y la racionalización de las administraciones públicas. En cualquier democracia avanzada, estos fines serían los de los grandes partidos políticos nacionales. ¿Por qué en España necesitamos una organización cívica que los defienda? La razón es que, para ello, no sirven ya los esquemas en los que se mueven las dos fuerzas políticas mayoritarias (conscientemente decimos fuerzas y no partidos, porque los socialistas no están constituidos en un solo partido nacional, como muy bien sabemos los catalanes, y el Partido Popular hace tiempo que cruzó todas las fronteras del respeto a sus votantes y a sus principios), ni sirven sus mediocres dirigentes, cortos de miras, ayunos de ideas y ahítos de consignas al servicio de su ambición, ni sus organizaciones burocratizadas, que los convierten en partidos de empleados en busca del sillón, la sinecura, la mamandurria, el chupar del bote y todas las demás variantes con que se recompensa el “sí, señor” y el “mande usted”.
Ha llegado la hora de que una oleada de patriotismo constitucional conciliador reconduzca la deriva desintegradora que se ha apoderado de España en los últimos treinta años. La sociedad civil debe retomar el espacio público, la calle, las instituciones políticas, los medios de comunicación, las escuelas y universidades, las iglesias, los sindicatos y las organizaciones de profesionales y empresarios, para afirmar su voluntad de ser y de decidir su destino, para poner fin a los proyectos de ingeniería social y de imposición de identidades colectivas que día tras día sacrifican los derechos de las personas en aras de unos supuestos derechos colectivos.
A tal fin, es urgente que las organizaciones cívicas defensoras de la legalidad y la libertad superen sus diferencias, a menudo personales más que ideológicas, y unan fuerzas en un empeño positivo, poniendo en segundo plano su larga trayectoria de acciones a la contra, necesarias para denunciar los atropellos, pero que no sirven para construir una opción ideológica, política y social alternativa a todas esas otras empeñadas en desvirtuar el estado de derecho: nacionalistas de distinto pelaje, socialnacionalistas y oportunistas de cualquier signo. Es el momento de hacer confluir las líneas de pensamiento y de acción que coincidan en los principios fundamentales de defensa de la Constitución, el estado de derecho, la igualdad de los españoles ante la ley, la lealtad institucional y la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos.
Pero no bastará con eso. Para que la justicia, la verdad y la libertad triunfen, hoy más que nunca hace falta despertar, “la pasión por la razón”, ya que esta última está de nuestra parte, sin duda, pero no se abre camino en el espíritu de la mayoría de nuestros conciudadanos, adormecidos y envilecidos por un sistema educativo y unos medios de comunicación al servicio del irracionalismo totalitario moderno, empeñado en crear hordas de caprichosos irresponsables, sentimentales, permanentemente insatisfechos y, por ello, fácilmente manipulables mediante la política del palo, la zanahoria y el pesebre que impera en una España convertida en cuadra por obra y gracia del neocaciquismo autonomista.
Los estatutos de Impulso Ciudadano establecen como fines de nuestra asociación promover y defender el pluralismo político, ideológico, lingüístico y cultural en España, defender los valores contenidos en la Constitución, fomentar la cohesión y las relaciones entre todos los ciudadanos y comunidades e impulsar las medidas necesarias para la mejora del funcionamiento y la racionalización de las administraciones públicas. En cualquier democracia avanzada, estos fines serían los de los grandes partidos políticos nacionales. ¿Por qué en España necesitamos una organización cívica que los defienda? La razón es que, para ello, no sirven ya los esquemas en los que se mueven las dos fuerzas políticas mayoritarias (conscientemente decimos fuerzas y no partidos, porque los socialistas no están constituidos en un solo partido nacional, como muy bien sabemos los catalanes, y el Partido Popular hace tiempo que cruzó todas las fronteras del respeto a sus votantes y a sus principios), ni sirven sus mediocres dirigentes, cortos de miras, ayunos de ideas y ahítos de consignas al servicio de su ambición, ni sus organizaciones burocratizadas, que los convierten en partidos de empleados en busca del sillón, la sinecura, la mamandurria, el chupar del bote y todas las demás variantes con que se recompensa el “sí, señor” y el “mande usted”.
Ha llegado la hora de que una oleada de patriotismo constitucional conciliador reconduzca la deriva desintegradora que se ha apoderado de España en los últimos treinta años. La sociedad civil debe retomar el espacio público, la calle, las instituciones políticas, los medios de comunicación, las escuelas y universidades, las iglesias, los sindicatos y las organizaciones de profesionales y empresarios, para afirmar su voluntad de ser y de decidir su destino, para poner fin a los proyectos de ingeniería social y de imposición de identidades colectivas que día tras día sacrifican los derechos de las personas en aras de unos supuestos derechos colectivos.
A tal fin, es urgente que las organizaciones cívicas defensoras de la legalidad y la libertad superen sus diferencias, a menudo personales más que ideológicas, y unan fuerzas en un empeño positivo, poniendo en segundo plano su larga trayectoria de acciones a la contra, necesarias para denunciar los atropellos, pero que no sirven para construir una opción ideológica, política y social alternativa a todas esas otras empeñadas en desvirtuar el estado de derecho: nacionalistas de distinto pelaje, socialnacionalistas y oportunistas de cualquier signo. Es el momento de hacer confluir las líneas de pensamiento y de acción que coincidan en los principios fundamentales de defensa de la Constitución, el estado de derecho, la igualdad de los españoles ante la ley, la lealtad institucional y la libertad y la responsabilidad de los ciudadanos.
Pero no bastará con eso. Para que la justicia, la verdad y la libertad triunfen, hoy más que nunca hace falta despertar, “la pasión por la razón”, ya que esta última está de nuestra parte, sin duda, pero no se abre camino en el espíritu de la mayoría de nuestros conciudadanos, adormecidos y envilecidos por un sistema educativo y unos medios de comunicación al servicio del irracionalismo totalitario moderno, empeñado en crear hordas de caprichosos irresponsables, sentimentales, permanentemente insatisfechos y, por ello, fácilmente manipulables mediante la política del palo, la zanahoria y el pesebre que impera en una España convertida en cuadra por obra y gracia del neocaciquismo autonomista.
Francisco González
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