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Pese a los esfuerzos de algunos sectores del establishment catalanista por desplazar el foco mediático hacia la heroica campaña de mini-referéndums separatistas (entre otras diversiones), la atención de los ciudadanos permanece centrada en los casos de corrupción que están saliendo a la luz, y que casualmente están todos relacionados con ese mismo establishment. Tan notables son los casos, y tan profundo su impacto en la opinión pública, que los escándalos ha trascendido ya los límites regionales y nacionales. El pasado día 3 de noviembre, era el prestigioso diario francés Le Monde quien publicaba un lúcido cuadro sobre la decadencia de la marca Barcelona y el contexto en que ésta se produce, marcado por la desconfianza creciente de la sociedad hacia los políticos en Cataluña, alentada a su vez por la aparición de diversos asuntos de corrupción en círculos muy VIPs de la política catalana. El autor del artículo, Jean-Jacques Bozonnet, yerra tan sólo el tiro en el último párrafo de su crónica, cuando presenta los casos de corrupción en Cataluña como la continuación de los recientes escándalos surgidos en el resto de España y la ruptura del llamado “oasis catalán”.
Ciertamente, el caso Orfeó Català – Palau de la Música y la Operación Pretoria desplegada por el juez Baltasar Garzón aparecen justo después del estallido del caso Gürtel, que afecta fundamentalmente a las administraciones regionales de Valencia y Madrid, gestionadas por el Partido Popular. Pero no hay continuidad entre lo uno y lo otro. La corrupción “transversal” denunciada en Cataluña, ocurrida al amparo de las opacas redes de influencia tejidas por el Partit dels Socialistes de Catalunya y los nacionalistas de Convergència i Unió, tiene raíces más antiguas y más profundas que la trama Correa, y forma parte nuclear del subsistema político catalán. Esto es así porque sus bases, que como la de Correa (y otros casos famosos en la historia española), las redes clientelares construidas en torno a aparatos políticos enquistados en las Administraciones Públicas, han sido en Cataluña mucho más longevas que en otras regiones españolas (no todas). Está estrechamente vinculada con una cultura política basada en la repartición tácita del poder político en Cataluña que durante largos años cedió el poder autonómico a los convergentes que reinaron sin alternativa hasta 2003; y el poder local (las grandes ciudades y, en particular, Barcelona y su cinturón metropolitano) al PSC y aliados desde las primeras elecciones municipales, en 1979. Las miserias del sistema dual construido en torno a estos dos pilares desde tiempos inmemoriales es lo que aparece ahora a la luz, perfectamente simbolizado en las figuras de Fèlix Millet, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra o Bartomeu Muñoz: Millet (hijo), cuyo apellido le convirtió en un ser prácticamente intocable en los círculos más exclusivos del catalanismo (socialista, independentista, convergente o conservador) y de sus innumerables ramificaciones políticas, económicas y de eso que humorísticamente llaman “sociedad civil”; Prenafreta (“¿te das cuenta, Lluís, que en estos momento la Generalitat somos tú y yo?”, es difícil describir con mayor precisión la centralidad del personaje y su poder en la sala de máquinas del pujolismo que con las palabras que le dirigió Jordi Pujol); el exconsejero de Economía Alavedra, otro venerable histórico del catalanismo convergente y actual referente de la Fundació Catalunya Oberta (la ideóloga de la marea de mini-referéndums separatistas que se cierne sobre Cataluña); y Bartomeu Muñoz, protegido y sucesor de la presidenta del grupo parlamentario del PSC y buen representante de la segunda generación del aparato del PSC, la que viene a suceder a “capitanes” como Montilla, De Madre y Corbacho en sus pétreos feudos municipales, tras el paso de éstos a la liga autonómica o nacional: sería complicado encontrar perfiles más representativos del establishment que ha manejado Cataluña en los últimos treinta años.
Es esta connivencia implícita entre socialistas y convergentes, esta especie de Tratado de Tordesillas nunca explicitado entre los dos grandes partidos políticos catalanes, la que late bajo los casos de corrupción detectados ahora por la justicia. Así lo indican, además, diversas declaraciones de algunos de los máximos responsables políticos de ambas formaciones. Las palabras pronunciadas por Pasqual Maragall, expresidentes de la Generalidad, durante el debate parlamentario del Carmelo, “ustedes [por CiU] tienen un problema y ese problema se llama 3%” son suficientemente expresivas, como lo fue también el vergonzoso telón caído sobre ellas en forma de balbuceante retracto. Pero también lo son las amenazas proferidas más recientemente por Jordi Pujol, también expresidente regional, y por Agustí Colomines, presidente de la fundación nacionalista Trias Fargas (receptora de fondos del Palau ilegalmente desviados por Fèlix Millet), advirtiendo sobre lo mucho que podrían sufrir otros partidos (en alusión al PSC) si ellos se dedicaban a “tirar de la manta” de la financiación ilegal. Los tres responsables, entre los cuales se encuentran, hay que repetirlo, ni más ni menos que los dos presidentes electos vivos de la Generalidad democrática, han certificado así lo que era vox populi en Cataluña: la existencia de un pacto de silencio entre los poderes fácticos catalanes para mantener fuera de la luz pública las entrañas menos gloriosas de la construcción “nacional” y autonómica desarrollada por la sociovergencia en estos treinta años. Los tres responsables han descorrido el velo, siquiera momentáneamente, pero no para reclamar que se investigue todo lo que deba investigarse; sino precisamente para evitar que alguien se atreva a hacerlo. Es sorprendente –de esas sorpresas sólo aparentes, como la que ha querido impostar la Cataluña oficial tras las detenciones de Alavedra, Prenafreta y Muñoz– que cada una de estas declaraciones se hayan disuelto en el paisaje una vez hechas, como el exabrupto que rompe momentáneamente la dulce placidez de la sociedad benestant, y que todo el mundo simula no haber oído conteniendo el sonrojo; en lugar de ser pistoletazos de salida de una investigación seria y sin concesiones, cada vez más urgente, para ver hasta dónde llega la “manta” y hasta dónde el “problema” al que se refirieron, en un momento de enajenación, enojo o lucidez, según se mire, nuestros ilustres próceres.
Los escándalos de corrupción en Cataluña, ya sea el caso Millet-Orfeó Català-Palau de la Música que toca básicamente a entornos nacionalistas, ya sea la Operación Pretoria por la que se ha detenido a antiguos responsables nacionalistas y, por el momento, a un alcalde socialista, sea el misterioso 3% mentado por Maragall, todo esto no rompe en medida alguna el llamado “oasis catalán”. El drama de Cataluña es que se trata justamente de lo contrario: estos casos muestran la dinámica profunda, constitutiva, de esta impostada pax catalana que durante años ha escondido con un envoltorio de seny autocelebrado y consenso patriótico-catalanista una red de corrupción sistemática de la que sólo estamos viendo el principio, y probablemente nunca veamos el fondo. El hecho diferencial catalán, su exquisita y civilizada altura democrática, corren el riesgo de verse reducidos al truco más viejo de los caciques en decadencia, que venden sus desmanes como servicios a la patria (o cualquier otro principio más elevado que ellos) y pretenden que no sólo lo toleremos sin rechistar, sino que además les agradezcamos el desvelo.
Ciertamente, el caso Orfeó Català – Palau de la Música y la Operación Pretoria desplegada por el juez Baltasar Garzón aparecen justo después del estallido del caso Gürtel, que afecta fundamentalmente a las administraciones regionales de Valencia y Madrid, gestionadas por el Partido Popular. Pero no hay continuidad entre lo uno y lo otro. La corrupción “transversal” denunciada en Cataluña, ocurrida al amparo de las opacas redes de influencia tejidas por el Partit dels Socialistes de Catalunya y los nacionalistas de Convergència i Unió, tiene raíces más antiguas y más profundas que la trama Correa, y forma parte nuclear del subsistema político catalán. Esto es así porque sus bases, que como la de Correa (y otros casos famosos en la historia española), las redes clientelares construidas en torno a aparatos políticos enquistados en las Administraciones Públicas, han sido en Cataluña mucho más longevas que en otras regiones españolas (no todas). Está estrechamente vinculada con una cultura política basada en la repartición tácita del poder político en Cataluña que durante largos años cedió el poder autonómico a los convergentes que reinaron sin alternativa hasta 2003; y el poder local (las grandes ciudades y, en particular, Barcelona y su cinturón metropolitano) al PSC y aliados desde las primeras elecciones municipales, en 1979. Las miserias del sistema dual construido en torno a estos dos pilares desde tiempos inmemoriales es lo que aparece ahora a la luz, perfectamente simbolizado en las figuras de Fèlix Millet, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra o Bartomeu Muñoz: Millet (hijo), cuyo apellido le convirtió en un ser prácticamente intocable en los círculos más exclusivos del catalanismo (socialista, independentista, convergente o conservador) y de sus innumerables ramificaciones políticas, económicas y de eso que humorísticamente llaman “sociedad civil”; Prenafreta (“¿te das cuenta, Lluís, que en estos momento la Generalitat somos tú y yo?”, es difícil describir con mayor precisión la centralidad del personaje y su poder en la sala de máquinas del pujolismo que con las palabras que le dirigió Jordi Pujol); el exconsejero de Economía Alavedra, otro venerable histórico del catalanismo convergente y actual referente de la Fundació Catalunya Oberta (la ideóloga de la marea de mini-referéndums separatistas que se cierne sobre Cataluña); y Bartomeu Muñoz, protegido y sucesor de la presidenta del grupo parlamentario del PSC y buen representante de la segunda generación del aparato del PSC, la que viene a suceder a “capitanes” como Montilla, De Madre y Corbacho en sus pétreos feudos municipales, tras el paso de éstos a la liga autonómica o nacional: sería complicado encontrar perfiles más representativos del establishment que ha manejado Cataluña en los últimos treinta años.
Es esta connivencia implícita entre socialistas y convergentes, esta especie de Tratado de Tordesillas nunca explicitado entre los dos grandes partidos políticos catalanes, la que late bajo los casos de corrupción detectados ahora por la justicia. Así lo indican, además, diversas declaraciones de algunos de los máximos responsables políticos de ambas formaciones. Las palabras pronunciadas por Pasqual Maragall, expresidentes de la Generalidad, durante el debate parlamentario del Carmelo, “ustedes [por CiU] tienen un problema y ese problema se llama 3%” son suficientemente expresivas, como lo fue también el vergonzoso telón caído sobre ellas en forma de balbuceante retracto. Pero también lo son las amenazas proferidas más recientemente por Jordi Pujol, también expresidente regional, y por Agustí Colomines, presidente de la fundación nacionalista Trias Fargas (receptora de fondos del Palau ilegalmente desviados por Fèlix Millet), advirtiendo sobre lo mucho que podrían sufrir otros partidos (en alusión al PSC) si ellos se dedicaban a “tirar de la manta” de la financiación ilegal. Los tres responsables, entre los cuales se encuentran, hay que repetirlo, ni más ni menos que los dos presidentes electos vivos de la Generalidad democrática, han certificado así lo que era vox populi en Cataluña: la existencia de un pacto de silencio entre los poderes fácticos catalanes para mantener fuera de la luz pública las entrañas menos gloriosas de la construcción “nacional” y autonómica desarrollada por la sociovergencia en estos treinta años. Los tres responsables han descorrido el velo, siquiera momentáneamente, pero no para reclamar que se investigue todo lo que deba investigarse; sino precisamente para evitar que alguien se atreva a hacerlo. Es sorprendente –de esas sorpresas sólo aparentes, como la que ha querido impostar la Cataluña oficial tras las detenciones de Alavedra, Prenafreta y Muñoz– que cada una de estas declaraciones se hayan disuelto en el paisaje una vez hechas, como el exabrupto que rompe momentáneamente la dulce placidez de la sociedad benestant, y que todo el mundo simula no haber oído conteniendo el sonrojo; en lugar de ser pistoletazos de salida de una investigación seria y sin concesiones, cada vez más urgente, para ver hasta dónde llega la “manta” y hasta dónde el “problema” al que se refirieron, en un momento de enajenación, enojo o lucidez, según se mire, nuestros ilustres próceres.
Los escándalos de corrupción en Cataluña, ya sea el caso Millet-Orfeó Català-Palau de la Música que toca básicamente a entornos nacionalistas, ya sea la Operación Pretoria por la que se ha detenido a antiguos responsables nacionalistas y, por el momento, a un alcalde socialista, sea el misterioso 3% mentado por Maragall, todo esto no rompe en medida alguna el llamado “oasis catalán”. El drama de Cataluña es que se trata justamente de lo contrario: estos casos muestran la dinámica profunda, constitutiva, de esta impostada pax catalana que durante años ha escondido con un envoltorio de seny autocelebrado y consenso patriótico-catalanista una red de corrupción sistemática de la que sólo estamos viendo el principio, y probablemente nunca veamos el fondo. El hecho diferencial catalán, su exquisita y civilizada altura democrática, corren el riesgo de verse reducidos al truco más viejo de los caciques en decadencia, que venden sus desmanes como servicios a la patria (o cualquier otro principio más elevado que ellos) y pretenden que no sólo lo toleremos sin rechistar, sino que además les agradezcamos el desvelo.
Juan Antonio Cordero
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