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Una de las consecuencias que la corrupción oreada estos últimos días en Cataluña ha provocado es la de retomar el debate sobre la necesidad de que el Principado tenga, de una vez por todas, su propia ley electoral. Bienvenido sea ese debate, más por las interesantes deliberaciones que las diferentes posturas susciten que por la influencia que, en la corrupción, pueda tener el sistema electoral que se utilice, como se ha querido ver por parte de algún sector de la clase política.
Centrándonos en el sistema de listas: ¿abiertas o cerradas? la controversia, pues, está servida. Y son dos pesos pesados del socialismo catalán, el Conseller de Economía, Castells y el President de la Generalitat, Montilla, los primeros que, en ese terreno de juego, han apuntado sus maneras. Castells, que ha rechazado avalar de forma directa las listas abiertas, se decanta, de forma velada, por ellas, “Estoy totalmente a favor de que se singularice el valor individual del diputado”, contrariamente y sin ambages, Montilla, no es partidario de las listas abiertas, “entre otras cosas porque, seguramente, esto no necesariamente seleccionaría a las personas más capaces” y, además, enfatiza, “nuestro sistema de partidos políticos no es tan fuerte como para que lo debilitemos…un sistema democrático con unos partidos débiles acaba siendo una democracia débil, y de esto, también hemos de aprender”.
Discreparemos, aquí, de las palabras del President. Las listas abiertas, en cuanto que ofrecen mayor posibilidad a los electores de configurar la composición de las Cámaras -que son las que finalmente tomarán las decisiones que afectarán a todos- acercan e implican más a los ciudadanos con la política y sus representantes, un modo más elegante y lúcido de expresarlo es el del profesor Félix Ovejero, “…la ley justa, garantía frente al poder arbitrario, sólo puede ser el resultado de una democracia máximamente participativa…”. Si bien es cierto que las listas abiertas no garantizan la elección de los más preparados y válidos, las listas cerradas tampoco lo hacen y, además, añaden el riesgo de que los integrantes de la lista sean los que mejor saben manejarse en las triquiñuelas y subterfugios del aparato del partido, los que son acríticos con la dirección de éste y los meros satélites del líder, aunque no sean los más capacitados para la gestión política.
El razonamiento de que el sistema de partidos políticos no es tan fuerte para que lo debilitemos, tiene endebles cimientos. No es cierta la premisa de que la fortaleza de los partidos vigoriza la democracia y, además, confunde partido con cúpula de partido; la experiencia que tenemos en España –la cruda realidad- nos enseña todo lo contrario: la fortaleza de los partidos, mejor dicho la fortaleza de sus cúpulas, favorece la partitocracia que es, por definición, la tiranía de la dirección de los partidos. Las listas abiertas no debilitan a los partidos, más bien los dinamizan y fomentan el debate político público y, a la vez, interno del partido, en definitiva, los enriquecen. La inferencia de que un sistema democrático con partidos débiles acaba por debilitar la democracia ha de justificarse y, a mi modo de ver, es, cuando menos, temeraria, que el elector tenga la posibilidad de decidir a la persona concreta a quien votar -a su diputado- fomenta la democracia participativa -que es la forma de democracia más pura-, la potencia y endurece.
Dice el de Iznájar que hay ejemplos de países que han hecho mal uso de las listas abiertas, podría ser, pero también los hay, como Finlandia, ejemplo y paradigma de sociedad avanzada, que obtienen buen provecho de esta modalidad electoral.
Concluyendo la apología: las listas abiertas cierran el paso al sistema clientelar, que es la forma más habitual de confeccionar las listas por los partidos, y pone coto a los listos, juntamente, promueven una competencia positiva entre aspirantes al poder político y dejan la decisión, en última instancia, en manos de la ciudadanía, con la consecuente mejora de la calidad democrática de la sociedad. A mi modo de ver, sólo aquellos incapaces e inseguros, los que utilizan las listas como medio de pago a los servicios personales prestados, los que prefieren el desierto para que nadie les haga sombra o aquellos que tienen miedo de la decisión del pueblo -imposible de enjabonar y adular- pueden estar en contra de dicho sistema. ¿Será ese el caso de Montilla?
15-11-2009 A. Sánchez Ponce
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