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Un genocidio es la exterminación sistemática de un grupo humano, racial, nacional, étnico o religioso y se considera genocidio todo acto que atente contra la integridad física o mental, o contra los derechos fundamentales (pero no culturales) de uno o varios individuos pertenecientes a uno de esos grupos que se pretende destruir.
El diario Avui aporta una nueva acepción del termino hasta ahora desconocida y califica en su editorial del día 27 de octubre como “genocidio judicial contra la lengua catalana” el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya acordado la suspensión cautelar de algunos artículos de los Reglamentos de usos lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona y de la Diputación de Lérida. El editorial es tremendista y disparatado. A pesar de que los recursos contra esos Reglamentos se interpusieron con anterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, los opinadores consideran que se está ante una campaña orquestada que pretende dinamitar la recuperación de la lengua catalana, siempre amenazada. No reparan en descalificaciones y juicios de intenciones: se está ante un “bombardeo en el marco de una ofensiva judicial implacable”, “otra atrocidad política disfrazada con toga” y en su delirio llegan a afirmar que “España sentenció antes del verano su voluntad de reducción del idioma común de los catalanes a un habla residual restringida al ámbito privado” y ha puesto en manos de la justicia “un proceso de aniquilación lingüística indiscutible y un ataque a la coexistencia pacífica sin precedentes desde el final de la dictadura franquista”. Al final del editorial reclama “una reacción cívica y una reacción política sin fisuras, sin límite de legitimidad moral en la defensa de la lengua”.
El editorial, con su lenguaje repleto de metáforas bélicas e imágenes sanguinolentas, es un puro despropósito, desmesurado y absurdo, fruto de la paranoia lingüística que se ha instalado en una buena parte de la opinión publicada catalana. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, según el Estatuto de Autonomía es el órgano judicial que culmina la organización judicial en Cataluña, ha cumplido con su obligación que es aplicar las leyes y ha anulado aquellos preceptos que vulneran las reglas de la cooficialidad lingüística, consistente en que las administraciones públicas den un trato igualitario tanto al castellano como al catalán en sus relaciones internas y en sus relaciones con los administrados. No es la primera vez que lo hace y en diversas sentencias y autos ha anulado preceptos similares de los Reglamentos de usos lingüísticos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona ((2001); Universidad Pompeu i Fabra de Barcelona (2003); Ayuntamiento de Sabadell (2004) y Ayuntamiento de Sant Pol de Mar (2009) sin que el idioma catalán haya desaparecido de esas instituciones ni, según se podría deducir del mencionado editorial, del mapa.
Si no fuera por lo trascendente de la cuestión, induce a la hilaridad la permanente teoría de la conspiración que ven algunos en la defensa del pluralismo lingüístico en Cataluña. La “peligrosa ofensiva” está liderada por ciudadanos y asociaciones (Impulso Ciudadano es una de ellas) que, con esfuerzo y sacrificio, impugnan ante los Tribunales reglamentos que consideran contrarios a Derecho y lo hacen porque el Gobierno de España desvía intencionadamente la mirada ante las tropelías jurídicas que deliberadamente se aprueban en las instituciones catalanas. Para este y otros medios, la única respuesta legítima de los ciudadanos ante los dislates en materia de política lingüística es la resignación. Vistos los antecedentes históricos y más cuando se utiliza la palabra “genocidio”, es especialmente preocupante que desde un periódico que cuenta con una importante ayuda institucional se reclame una reacción “sin límite de legitimidad moral”. Pocas o ninguna cosa en esta vida carecen de límite. Aún menos de “límite de legitimidad moral”, nueva categoría filosófica creada ad hoc por el rotativo subvencionado y que merecería por si misma una mejor explicación. Una cosa, sin embargo, es cierta y podemos manifestarla como categoría, esta sí, absoluta: el bienestar y el progreso de la comunidad se asienta en el acatamiento de las normas morales y de las jurídicas. También los nacionalistas catalanes están vinculados por ellas.
José Domingo
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