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En estos últimos meses estamos asistiendo a causa de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut por cuenta del Gobierno de la Generalidad catalana, de las formaciones que le apoyan y el beneplácito del gobierno de Zapatero, a una escalada, sin complejos y sin parangón, de desacato continuado. Ello nos lleva a los ciudadanos a reflexionar, desgraciadamente no a todos pero si que cada vez más a un mayor número, sobre las repercusiones de tamaño delito, la férrea apología del desacato judicial que mantienen y las consecuencias sociales que ello acarreará.
Declaraciones como las realizadas por Consejeros de la Generalidad, caso Sr. Huguet, son de una profunda importancia: “la única forma de no volver atrás y de que la convivencia no se rompa, es incumplir sistemáticamente cualquier sentencia del Tribunal Constitucional” Es obligado advertir que el comportamiento de esta casta política abre un periodo de conflicto jurídico y de inseguridad para los ciudadanos. ¿Desde cuándo en un Estado de derecho se puede consentir que hacer pública tamaña majadería no tenga consecuencia política alguna?
Si ha jurado o prometido acatar la Constitución. Si CataluÑa para acceder a la Autonomía aceptó la Constitución tendremos que recordar que el artículo 153 de la Constitución dice claramente, en su apartado a), que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por el Tribunal Constitucional. Y digo yo que, si el actual o futuros gobiernos autonómicos, en este caso el de CataluÑa, no respetan ni aceptan el articulado, tampoco sería respetable ni aceptable su autonomía.
Estos políticos, más propios del camarote de los Hermanos Marx, han adquirido un compromiso público con TODA la sociedad desde el momento de su elección, para todos sin excepción y sin exclusión; ahora, de qué van. ¿Pretenden romper definitivamente la sociedad española empezando por la catalana? No vamos por buen camino. Han abierto el melón de la insumisión jurídica de consecuencias imprevisibles porque, siguiendo por este camino cuesta abajo, desbocado y sin freno, ¿quién obligará a unos padres a que su hijo siga escolarizado en un sistema escolar con un currículo que no garantiza el aprendizaje de la lengua de todos los españoles? ¿se dejará de pagar impuestos por que, a pesar de reclamar a la administración de turno que cualquier comunicación sea en español, hacen caso omiso a la petición del ciudadano?
España, país de pandereta más que serio, democrático y de derecho, no debería dejar impune ni las declaraciones de este elemento, ni las de todos aquellos que han ido en la misma línea de confrontación. El gobierno catalán, animado por la impunidad de sus declaraciones y hechos, mantiene continuamente una actitud de insumisión ante la Ley y el Estado. Cosa que no puede degenerar sino en más y mayores conflictos.
Declaraciones como las realizadas por Consejeros de la Generalidad, caso Sr. Huguet, son de una profunda importancia: “la única forma de no volver atrás y de que la convivencia no se rompa, es incumplir sistemáticamente cualquier sentencia del Tribunal Constitucional” Es obligado advertir que el comportamiento de esta casta política abre un periodo de conflicto jurídico y de inseguridad para los ciudadanos. ¿Desde cuándo en un Estado de derecho se puede consentir que hacer pública tamaña majadería no tenga consecuencia política alguna?
Si ha jurado o prometido acatar la Constitución. Si CataluÑa para acceder a la Autonomía aceptó la Constitución tendremos que recordar que el artículo 153 de la Constitución dice claramente, en su apartado a), que el control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por el Tribunal Constitucional. Y digo yo que, si el actual o futuros gobiernos autonómicos, en este caso el de CataluÑa, no respetan ni aceptan el articulado, tampoco sería respetable ni aceptable su autonomía.
Estos políticos, más propios del camarote de los Hermanos Marx, han adquirido un compromiso público con TODA la sociedad desde el momento de su elección, para todos sin excepción y sin exclusión; ahora, de qué van. ¿Pretenden romper definitivamente la sociedad española empezando por la catalana? No vamos por buen camino. Han abierto el melón de la insumisión jurídica de consecuencias imprevisibles porque, siguiendo por este camino cuesta abajo, desbocado y sin freno, ¿quién obligará a unos padres a que su hijo siga escolarizado en un sistema escolar con un currículo que no garantiza el aprendizaje de la lengua de todos los españoles? ¿se dejará de pagar impuestos por que, a pesar de reclamar a la administración de turno que cualquier comunicación sea en español, hacen caso omiso a la petición del ciudadano?
España, país de pandereta más que serio, democrático y de derecho, no debería dejar impune ni las declaraciones de este elemento, ni las de todos aquellos que han ido en la misma línea de confrontación. El gobierno catalán, animado por la impunidad de sus declaraciones y hechos, mantiene continuamente una actitud de insumisión ante la Ley y el Estado. Cosa que no puede degenerar sino en más y mayores conflictos.
Ahora nos toca a los ciudadanos reclamar que este u otros Gobiernos Autonómicos y Centrales cumplan y obliguen al cumplimiento íntegro de la sentencia del Tribunal Constitucional. Seamos los sensatos en esta locura.
María Turruchel Alcantud
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