Se han dicho barbaridades, memeces y hasta zafiedades sobre este Tribunal Constitucional, algunas de esas extemporáneas voces lo han hecho usando sin malicia la libertad de expresión que a todos nos asiste y, otras, con intencionada mala baba y utilizando razonamientos notoriamente mendaces. Entre los rebuznos interesados en presionar y/o desprestigiar al tribunal cuando parecía que venían mal dadas, los más estridentes son los que lo tildan de ilegítimo porque se han recusado miembros, porque no se ha sustituido al integrante fallecido, porque algunos tienen expirado su plazo de permanencia, porque se ha rechazado por cinco veces el fallo propuesto, porque se ha refrendado por el pueblo catalán o, simplemente, porque está politizado.
La recusación es un recurso contemplado en las leyes de cualquier estado que se pretenda democrático, no merece la pena -ni es esta la ocasión- explayarse en argumentos que sustenten la idoneidad de la recusación (por obviedad manifiesta), es, por tanto, un acto totalmente legal y democrático hacer uso de él sin que pueda extrañar al más pueril de los ciudadanos (si es aceptada una recusación será, digo yo, porque una mayoría del tribunal que juzga así lo decide). Sobre la reposición de bajas en el TC ¿qué culpa tendrá dicho tribunal de que no se haya sustituido al finado Roberto García-Calvo, si son los políticos los encargados de hacerlo? De igual manera es la clase política la que tiene la obligación de ponerse de acuerdo para cambiar a los magistrados que han cumplido el plazo de su mandato; si el acuerdo político no ha sido posible, estos magistrados deben alargar su permanencia, hasta que la ocasión llegue, según marca la ley ¿acaso no está contemplada, de igual manera, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado cuando, por el motivo que sea, no se han podido aprobar los siguientes en el Parlamento? Por otra parte, cuando se ha rechazado varias veces la propuesta de sentencia, cabe expresar, como mínimo, que existen dudas justificadas sobre la constitucionalidad del texto, aunque algunos pontifiquen sobre ello sin el menor atisbo de vacilación. Hay que decirle también a los que hablan de que el Estatut es una ley refrendada por el pueblo que, en realidad, el pueblo no ha valorado su constitucionalidad sino que lo que ha hecho es avalar un texto propuesto por los políticos y que puede ser constitucional, o no. ¿Puede el pueblo catalán aprobar por sí solo y a propuesta de la clase política catalana un texto que afecte a otras comunidades autónomas sin que los ciudadanos de éstas puedan opinar sobre ello? Alguien tendrá que interpretar la Constitución, aunque sea a posteriori y, para que esto no vuelva a suceder, sería conveniente refrendar estatutos que hayan pasado previamente el filtro del TC. Por último, difícilmente un tribunal puede ser independiente cuando sus miembros son elegidos por cuota partidista pero, en todo caso, es revelador que se exprese la politización del tribunal cuando se cree que la sentencia será adversa y no mientras se piensa lo contrario.
Estas son algunas de las cuestiones suscitadas en cuanto al lío del TC y del Estatut, sin embargo, no llegan a agotarse ni de lejos, cada día aparecen nuevas apreciaciones sobre el tema, como el titular de portada de El Periódico de Cataluña del día 28/04/2010 “A por todas: Montilla y Mas lideran la respuesta catalana al desafío del Constitucional”, que abre una nueva vía de vituperio a añadir a las ya existentes. ¿Se puede tildar de ‘desafío’ que el TC ejerza la función que tiene encomendada constitucionalmente, sin que al que tal cosa asevera se le caiga la cara de vergüenza? Sin que los mamporreros tuerzan el gesto, el Tribunal Constitucional está siendo utilizado como punching box por éstos con la intención de desviar la atención y ocultar las responsabilidades que les atañen exclusivamente a ellos y al PSOE de Zapatero.
28/4/2010 A. Sánchez Ponce
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