EL PANTANO DEL PSC

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El discurso de la diputada social-catalanista, Montserrat Tura (PSC), en el reciente debate de la proposición de ley sobre la independencia en el Parlamento autonómico de Cataluña ha pasado desapercibido y, vista la carga de profundidad que contenía, merecía más atención. Tras la decepción que ha supuesto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, el PSC considera que la Constitución no se ajusta a sus aspiraciones y defiende su reforma.

Vista la situación económica del país, no parece que el PSOE cuente con cuerpo suficiente para retomar el ciclópeo tema de la reforma constitucional. La revisión de la Constitución se aparcó en febrero de 2006 tras conocerse el dictamen que elaboró, por encargo del Gobierno, el Consejo de Estado. Este dictamen apuntaba en la dirección contraria a la pretendida por el socialismo catalán, abogaba por el reforzamiento de los principios de solidaridad e igualdad y de los mecanismos de cooperación y colaboración entre el Gobierno y las CCAA y de éstas entre sí.

El intento del Estatuto de Autonomía de reformar la Constitución por la puerta trasera se ha cerrado con un planchazo del Tribunal Constitucional del que todavía se resienten las narices nacionalistas. El juego de las mayorías parlamentarias y el fracaso del atajo inconstitucional diseñado entre los grupos catalanistas y el Gobierno, en manos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), sólo permite la reforma de la estructura autonómica mediante la connivencia entre los dos grandes partidos españoles. El PSC se opone a ello, y su actual presidente en el Parlamento autonómico, Joaquim Nadal, ha advertido de que la reconsideración del proceso autonómico no se puede hacer mediante un acuerdo entre el PSOE y el PP.

Nuevamente, el papel del PSC en el auca catalana es el de envenenar el terreno mediante la confusión. En las últimas elecciones autonómicas los socialistas se presentaron como el dique para detener la independencia y ahora algunos de sus miembros, Toni Comín y Joan Ignasi Elena, retornan a un discurso indefinido que alberga la alianza de su peculiar forma federalista con los independentistas. Las grietas que contribuyen a abrir son tan grandes que pueden llegar a reventar el pantano constitucional.

Es el momento de lo contrario. España precisa de una estabilidad institucional que sólo es posible a través del acuerdo de los dos grandes partidos nacionales sobre el diseño autonómico. La existencia de un fuerte sentimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco y, en menor medida, en Galicia y las Islas Canarias, es innegable pero la estructura del Estado no debe depender prioritariamente de la voluntad de los grupos separatistas, sino de aquellos que defienden la viabilidad de la Nación española.

Por ello, el nuevo marco estatutario que ha quedado definido a raíz de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional debe replantearse retomando el espíritu de los acuerdos autonómicos de 1981 entre el PSOE y la UCD o de 1992 entre el PSOE y el PP. Por cierto, este último dio lugar a la Ley Orgánica 9/1992 que en su exposición de motivos declara que el desarrollo de la estructura territorial del Estado se concibe ‘como una cuestión que afecta a su esencia misma y que, por tanto, debía ser objeto de un consenso fundamental entre las diversas fuerzas políticas que expresan el pluralismo político en nuestras Cortes Generales‘.

La aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido desestabilizadora porque rompió, por primera vez, la dinámica del consenso fundamental entre las dos grandes formaciones nacionales en materia autonómica. Es imprescindible recuperarla.

José Domingo

POLVOS ESTATUTARIOS Y CRISIS DEL CATALANISMO

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‘Este nuevo independentismo se radicaliza a medida que mengua, y mantiene una relación dialéctica con la matriz catalanista de la que procede. Por un lado, surge como reacción al descrédito de las instituciones autonómicas catalanas y a la pérdida de credibilidad que ha sufrido la clase política dirigente a lo largo de la reforma estatutaria, reflejando igualmente la exasperación de parte de las bases nacionalistas ante los límites democráticos a su proyecto político. Por otro, este nuevo independentismo lleva hasta las últimas consecuencias la nebulosa de sobreentendidos, mitos y acuerdos tácitos que subyacen en la acción política nacionalista, de todas las fracciones del catalanismo, desde la instauración de régimen autonómico en Cataluña’.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña hizo correr ríos de tinta en artículos, valoraciones, interpretaciones y predicciones de todo tipo. A medida que van transcurriendo los meses desde la sentencia del Tribunal Constitucional, que vino a poner un punto y final jurídico al tortuoso proceso iniciado en 2003, la perspectiva se hace más clara y permite volver sobre algunos aspectos que en su momento pudieron pasar desapercibidos en el fragor de las disputas. Los resultados de las recientes elecciones autonómicas, en las que la sombra del Estatuto se dejó sentir pese a su llamativa desaparición durante la campaña electoral, muestran las últimas réplicas políticas directas del terremoto ocasionado por el proceso de reforma. El actual momento postestatutario catalán es especialmente indicado para volver la vista atrás y esbozar un balance de los últimos años, no tanto del contenido de la reforma en sí, como de sus implicaciones para los equilibrios de fuerzas, la dinámica política en Cataluña y los esfuerzos de recomposición del nacionalismo bajo la batuta de Artur Mas.

El desarrollo del proceso de reforma estatutaria, desde que la hipótesis de un nuevo Estatuto fuera formalizada por Pasqual Maragall en nombre del PSC hace dos legislaturas, ha centrado buena parte de la atención pública en España, prácticamente monopolizándola en Cataluña, a lo largo de estos años. En un inicio, la maniobra de Maragall, entonces jefe de la oposición socialista, fue fruto de un cálculo de naturaleza eminentemente táctica, dirigido a desestabilizar a la coalición convergente presionándola por su lado identitario y posibilitar un acercamiento con el independentismo de ERC sobre el que construir las bases del posterior Gobierno tripartito socialindependentista. Ello no impidió, sin embargo, que la idea de un nuevo Estatuto de Autonomía para Cataluña fuera rápidamente asimilada por todas las facciones del catalanismo orgánico (los componentes del tripartito y Convergència i Unió, un bloque a veces denominado cuatripartito) y convertida en el eje fundamental, y en ocasiones el único perceptible, de la política catalana en los años siguientes, incluso después de la retirada de Pasqual Maragall de la escena política en 2006.

Tras las elecciones de 2003 que abrieron paso al primer tripartito, y aún antes de tener un texto consensuado, el conjunto del nacionalismo orgánico planteó una ambiciosa estrategia política, jurídica y mediática para conseguir que el nuevo Estatuto de Autonomía supusiera la plasmación de su programa máximo identitario para Cataluña y también para el resto de España. Un programa máximo que, matices semánticos al margen, resumió con admirable sinceridad el propio presidente de la Generalidad en dos aspiraciones: la de conseguir que el Estado quedara reducido en Cataluña a una dimensión “residual”, de forma que ningún contrapoder democrático pudiera cuestionar la hegemonía del catalanismo orgánico articulado a través de la Generalidad; y la de someter a Cataluña a una homogeneización cultural e identitaria basada en la lengua catalana, considerada “el ADN de Cataluña”. Una forma como otra de declarar a la mayoría de ciudadanos catalanes, que sienten como propia (también) la lengua castellana, genéticamente ajenos y extraños a la Cataluña en la que sin embargo viven.

Una estrategia en tres frentes

Las peripecias del nuevo Estatuto a lo largo de los últimos años pueden leerse en estas tres claves, política, jurídica y mediática. La batalla política se ha desarrollado en los distintos parlamentos, despachos e instituciones representativas y ejecutivas del Estado; la batalla mediática y social se ha producido en la calle, los medios de comunicación, información y opinión, mientras que la batalla jurídica se ha producido en los tribunales. Tres ámbitos diferentes para un solo debate que se ha convertido, por su relevancia y su extensión, en uno de los de mayor magnitud y profundidad en la democracia española.

Desde el punto de vista político o legislativo, parece claro que el catalanismo orgánico alcanzó buena parte de sus objetivos: el nuevo Estatuto fue aprobado por la Cámara autonómica catalana el 30 de septiembre de 2006 y las Cortes Generales dieron luz verde el 9 de agosto de 2007. Cierto es que la victoria nacionalista no fue completa: a lo largo de las negociaciones para su aprobación en las Cortes, el Estatuto perdió algunas de sus aristas y ello hizo descolgarse a la facción nacionalista más intransigente, entonces representada por ERC. Pero el núcleo de la reforma, tanto en sus aspiraciones como en sus soportes esenciales en el establishment nacionalista, fue preservado a lo largo del trámite parlamentario: el nacionalismo orgánico consiguió, gracias al apoyo del PSOE, el respaldo mayoritario de congresistas y senadores al nuevo Estatuto de Autonomía.

La victoria en los parlamentos, sin embargo, no es definitiva. En un régimen de garantías como el español, existen limitaciones que ni siquiera los legisladores pueden soslayar. Ninguna institución representativa es omnipresente en una democracia, porque ninguna encarna la soberanía que sólo puede expresarse a través del conjunto de la ciudadanía. Por ello, ni siquiera una mayoría parlamentaria ordinaria puede ignorar la arquitectura jurídica y constitucional que protege los derechos y las libertades básicas de los ciudadanos. Como representantes de la ciudadanía, los legisladores pueden cambiar las leyes, pero no hacer caso omiso de las que están vigentes. Y el catalanismo orgánico, que consiguió aliados en las Cortes para aprobar una reforma estatutaria, no los consiguió (o no los buscó) para reformar el pacto constitucional español, esto es, el acuerdo cívico básico que rige la convivencia entre españoles. Tuvo que ser el Tribunal Constitucional el que recordara que algunas de las previsiones del nuevo texto no eran propias de un Estatuto de Autonomía, y que de querer llevarse a cabo, debían aprobarse como lo que eran: modificaciones más amplias de la arquitectura constitucional que requerían, por tanto, la articulación de consensos sociales más transparentes y coaliciones políticas más amplias de las tejidas por las distintas facciones del catalanismo orgánico en torno al Estatuto. La negativa del TC a avalar el intento nacionalista de alterar las líneas maestras de la convivencia nacional, clandestinamente y sin consultar a los ciudadanos, ha supuesto el fracaso jurídico del Estatuto. Y ello, pese a la validación de la mayor parte de su articulado -todo aquél que se adecúa a su carácter de ley orgánica y estatutaria.

Es comprensible la reacción airada del nacionalismo catalanista ante la decisión del Alto Tribunal, porque las “coaliciones más amplias” que habrían convertido al Estatuto en un texto intachable e intocable desde un punto de vista constitucional y democrático son imposibles de conseguir sin el apoyo de la opinión pública. Y es precisamente en este terreno, el de la opinión pública, la discusión y la deliberación democrática, en el que la reforma estatutaria alentada y defendida por el nacionalismo ha naufragado de manera más visible. Ya desde sus primeros pasos, el nuevo Estatuto se configuró como un pulso encubierto entre la clase política nacionalista catalana, unánime en su intención de imponer el debate esencialista como eje central de la agenda política catalana, y una sociedad catalana cuyas preocupaciones estaban muy lejos de las cuestiones identitarias subyacentes al debate estatutario, y que consideraba muy mayoritariamente que la redacción de un nuevo Estatuto ni era ni debía ser una prioridad política (encuesta en La Vanguardia de julio de 2005). Esta desafección de partida no ha hecho más que agrandarse a lo largo del proceso, pese a la ingente movilización de recursos públicos por parte del catalanismo orgánico para contrarrestarla, y está en el origen de la fragilidad que sufre el Estatuto y de la escasa adhesión social y política que ha generado más allá de su núcleo nacionalista promotor.

El Estatuto ha sobrevivido pues a los trámites legislativos, pero a lo largo del proceso, el catalanismo orgánico ha perdido la batalla de la opinión pública. Desde luego, no ha conseguido convencer a la ciudadanía española de las bondades de su proyecto de reforma, ni siquiera a aquellos sectores que históricamente le han sido más próximos. Los lamentos de los dirigentes y portavoces catalanistas preguntándose dónde estaban los intelectuales “progresistas” que otras veces aparecían para avalar sus posiciones, y conminándoles a salir de su silencio y dar la cara otra vez por ellos, son a la vez un indicio y una explicación de esta incapacidad catalanista para generar simpatías, que posiblemente tiene que ver tanto con lo indefendible de sus planteamientos como con la prepotencia con la que el nacionalismo trata a sus potenciales aliados.

Desde una perspectiva localista, se podría argumentar que la aprobación de un Estatuto autonómico sólo debería implicar a los ciudadanos de la autonomía correspondiente. Pero el catalanismo tampoco ha conseguido enrolar a la sociedad catalana en su particular travesía estatutaria, como lo ilustra el decepcionante resultado del referéndum estatutario de 2007. Después de una movilización masiva y desacomplejada de todos los medios y recursos públicos (y privados) a favor de la reforma planteada durante dos legislaturas, el hecho de que el nuevo texto sólo contara en las urnas con el respaldo explícito del 30% de los catalanes, muy lejos del apoyo cosechado en su día por la Constitución y el Estatuto de Sau, no es la muestra de un asentimiento silencioso, sino una sonora bofetada en el rostro del oficialismo catalanista.

Los límites del catalanismo orgánico en democracia

El fracaso del Estatuto patrocinado por el nacionalismo en la arena de la deliberación pública no tiene nada de sorprendente. En realidad, es otra muestra más de la incomodidad con la que el núcleo esencialista del catalanismo orgánico se desenvuelve en el debate y la discusión pública que rodean la acción política en las democracias avanzadas. A lo largo del último franquismo, y de forma aún más clara a lo largo de los treinta años de democracia constitucional en España, el catalanismo ha sabido moverse con gran habilidad entre pasillos y despachos, componendas y bastidores, favorecido por los ángulos muertos del sistema institucional y por su cercanía, cuando no directa colusión, con los centros de poder político, económico y mediático. Pero su eficacia se ha visto seriamente disminuida cuando se ha visto obligado a entrar en el cuerpo a cuerpo del debate democrático, a plantear sus reivindicaciones directamente en la plaza pública. Su capacidad de convocatoria se benefició durante la transición de las simpatías que engendraba cualquier movimiento perseguido o mal visto por el franquismo; pero ha sufrido una erosión constante desde la reinstauración de la democracia en España, que ha transcurrido paradójicamente en paralelo a una acumulación sin precedentes de poder político, mediático y económico por parte de la clase catalanista dirigente. Los sectores más avanzados del catalanismo han sido siempre conscientes de esta flaqueza; de ahí la vieja y eficaz táctica pujolista del peix al cove, que durante veinte años se centró en rehuir la confrontación abierta con los ciudadanos y conseguir el avance de su agenda política mediante transacciones parciales a media luz con el poder en plaza. De ahí, también, la paradoja de unas instituciones autonómicas cuya constante expansión competencial choca con su muy precaria base de apoyo popular, como indica la persistente diferencia en la participación ciudadana entre las elecciones autonómicas y nacionales.

En estas condiciones de extrema fragilidad, el correctivo que aplicaron órganos como el Tribunal Constitucional (TC) y el Defensor del Pueblo -instituciones que, pese a las dificultades del proceso estatutario, han mostrado que son capaces de actuar con independencia, sobreponerse a las persistentes presiones partidarias y cumplir así eficazmente con la función constitucional que tienen otorgada de defensa y protección de los derechos de los ciudadanos- se antoja a los nacionalistas, y con razón, un obstáculo insalvable para sus aspiraciones de consolidar la hegemonía de la clase orgánica catalanista en Cataluña. Su proyecto habría podido superar los requerimientos formales del TC si la coalición en la que se apoyó el catalanismo para conseguir la aprobación en las Cortes del Estatuto de 2006 hubiera sido una alianza de amplia base articulada en torno a un proyecto de articulación territorial definido y transparente; y no un delicado sindicato de intereses cruzados, carente de base social, más basada en el oportunismo y la intimidación política de los interlocutores que en la existencia de un objetivo compartido.

Para ello, sin embargo, habría hecho falta explicar a la sociedad, y en particular a los posibles aliados, con claridad y desde el principio la magnitud y el alcance del proyecto que se quería llevar a cabo. Las aspiraciones nacionalistas pasaban -y siguen pasando- por el alumbramiento de un marco jurídico y político en España que es incompatible con el que hoy rige, y ello sólo puede conseguirse, como es natural, con el concurso de todos aquellos a quienes afecta, que son todos los ciudadanos españoles. En primer lugar, porque la nueva legislación propuesta por el catalanismo orgánico tenía consecuencias de primer orden para la igualdad de trato de los españoles por parte del Estado, incidiendo -por ejemplo- en la financiación, calidad y disponibilidad de los servicios públicos en todo el país. Pero no sólo por ello: aunque el nuevo Estatuto sólo hubiera afectado a los catalanes, la defensa de los derechos constitucionales de cualquier persona o colectivo de España incumbe y convoca a toda la ciudadanía española, no sólo a la parte directamente afectada -la sociedad catalana en este caso. En una sociedad abierta, democrática y solidaria, nadie está solo ante los abusos de un poder más fuerte, por minoritaria que sea su posición. Ese compromiso de fraternidad ante la opresión es el sentido último de un proyecto cívico, nacional y democrático como el que hoy es España.

Los lodos independentistas

La derrota del maximalismo estatutario patrocinado por el nacionalismo en el ámbito jurídico y ante la opinión pública no implica que el proceso de reforma estatutaria haya sido en modo alguno inocuo. Si algún efecto puede observarse en la sociedad catalana tras años de estériles debates identitarios, es que ésta se encuentra hoy más fracturada que al inicio del proceso. Más dividida y más polarizada por una cuestión que los ciudadanos no consideraban especialmente relevante hace ocho años. El catalanismo orgánico, incapaz de ganar su particular pulso con la sociedad catalana en cuyo nombre dice hablar, parece haber hecho así su particular y muy libre lectura de la sentencia cesariana: si no puedes vencer porque no convences, al menos consuélate con dividir.

Efectivamente, ha dividido y se ha dividido. Las idas y venidas del Estatuto, la irresponsable y frívola gestión del proceso de reforma estatutaria por parte de los dirigentes del catalanismo orgánico y los responsables políticos nacionales han desembocado en la cristalización del populismo independentista en una fuerza política autónoma del panorama de un catalanismo en crisis. Un populismo cuyo discurso, nutrido de resentimiento antiespañol y antipolítico, prolijo en reflejos xenófobos y racistas, lo convierte en la variante catalana más próspera -no la única, como muestra la pujanza electoral de Josep Anglada y su xenófoba Plataforma per Catalunya- de las corrientes populistas de extrema derecha que hacen estragos en los últimos tiempos a ambos lados del Atlántico.

Una fuerza de estas características no ha surgido repentinamente de la nada: los elementos que nutren el discurso de apóstoles del secesionismo como Joan Carretero o Joan Laporta llevan mucho tiempo incubándose en la política catalana, manifestándose con virulencia en ocasiones, manteniéndose latente las más de las veces de una manera difusa e implícita, pero inequívoca. El victimismo sistemático, la reducción de España a una caricatura malhumorada y en permanente conspiración contra Cataluña, el fomento de un sentimiento de superioridad respecto a ella cada vez más injustificado, la exaltación de una identidad enfermiza y paranoica, todos estos ingredientes han sido cuidadosamente cultivados por los sucesivos gobiernos nacionalistas, más o menos discretamente por el pujolismo, con creciente ostentación después por la alianza socialindependentista que ha sostenido los gobiernos tripartitos, el de Maragall y el de Montilla. Y ha sido este último el que vio emanciparse a su propia criatura: la mayoría de ciudadanos catalanes han resistido y resisten al persistente repiqueteo identitario; pero la sobredosis de aquellos que se han mostrado vulnerables sólo puede materializarse en forma de frustración, xenofobia e intolerancia. En ese sentido, la debacle socialista en las últimas elecciones no es ajena a la responsabilidad de los gobiernos de Maragall y Montilla en la radicalización de la facción independentista del catalanismo: así lo han entendido los electores, pese a los inverosímiles desmarques de última hora que intentó escenificar Montilla en la recta final de la campaña.

La emergencia y radicalización de este nuevo independentismo es inseparable del grave retroceso que ha sufrido el conjunto de facciones independentistas. Un retroceso que devuelve al conjunto del independentismo a registros electorales de principios de los años noventa, en lo que constituye un desmentido en toda regla del mito de la marea independentista que las élites del catalanismo han profetizado sin descanso para legitimar, dentro y fuera de Cataluña, sus propias políticas y su propio cultivo de la tensión permanente con el resto de instituciones del Estado. Lejos de mostrar una creciente desafección de los catalanes hacia España, los resultados electorales sugieren todo lo contrario: un atronador rechazo de la sociedad catalana al independentismo en el poder y a su programa de confrontación identitaria con el resto de españoles. Un rechazo que se ha concretado en una censura global no sólo a las candidaturas independentistas, sino también a las de sus compañeros de viaje, fundamentalmente el PSC.

Conclusión

La clase política autonómica y la ideología catalanista dominante salen del túnel estatutario severamente debilitados, desacreditada la primera y fracturada la segunda. Afectadas ambas por la emergencia de un nuevo independentismo, en línea con el auge de las extremas derechas populistas en toda Europa.

Este nuevo independentismo se radicaliza a medida que mengua, y mantiene una relación dialéctica con la matriz catalanista de la que procede. Por un lado, surge como reacción al descrédito de las instituciones autonómicas catalanas y a la pérdida de credibilidad que ha sufrido la clase política dirigente a lo largo de la reforma estatutaria, reflejando igualmente la exasperación de parte de las bases nacionalistas ante los límites democráticos a su proyecto político. Por otro, este nuevo independentismo lleva hasta las últimas consecuencias la nebulosa de sobreentendidos, mitos y acuerdos tácitos que subyacen en la acción política nacionalista, de todas las fracciones del catalanismo, desde la instauración de régimen autonómico en Cataluña.

Con esa naturaleza dual, basada en la censura global a las élites nacionalistas y la continuación populista de su lógica identitaria, este nuevo independentismo encarna una fase senil del catalanismo. Una etapa incierta y marcada por el agotamiento social del catalanismo, indisimulable tras desvanecerse los vapores de la reforma estatutaria; y la constatación de su carácter oligárquico, antidemocrático y radicalmente excluyente, hasta hace poco todavía endulzado por una retórica amable y constructiva. En ambos casos, la génesis del nuevo Estatuto de Autonomía ha servido para observar a plena luz las motivaciones últimas, las aspiraciones reales y los límites efectivos del proyecto actual del catalanismo orgánico. Los elementos de su crisis como clase e ideología dominante en Cataluña.

Ante la creciente contradicción entre la reducida y menguante base social catalanista y su monopolio de facto de todos los círculos de poder en Cataluña, tanto los formales como los informales, los políticos y los mediáticos, es urgente generar y ensanchar los cauces cívicos, sociales y políticos de los movimientos contrahegemónicos de Cataluña. Se trata de vehicular, con ellos y con el conjunto de la sociedad catalana y española, un relato y un proyecto alternativo para Cataluña y para toda España, capaz de superar la envolvente identitaria del catalanismo, exhausta tras el Estatuto y sin más fuerzas que su propia inercia y la debilidad de sus adversarios en la etapa postestatutaria que se abre en Cataluña.

Juan Antonio Cordero Fuertes

Miembro de Ágora Socialista y de Impulso Ciudadano

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UNA GALA COMO PARA ECHARSE A TEMBLAR

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Será porque soy desconfiado -que de adivino no tengo ni la sombra-, pero anoche, mientras veía la gala de Los Goya -¡mira por dónde y sin haber visto ninguna de las películas que concurrían!- iba acertando a quién le caería el premio cabezón, a medida que aparecian los nombres de los seleccionados.

No creo que fuese difícil de descifrar la clave siendo, como es, que estos premios, salvo esta última etapa bajo la presidencia Alex de la Iglesia, no se han distinguido por una gran transparencia… o mejor dicho, sí, sí se ha caracterizado por una suma transparencia; no hay más que recordar que seguramente una de las peores películas de todos los tiempos –estoy dispuesto a discutirlo con quien sea- acaparó, si no estoy en un error, la mayor cantidad de estatuillas que se han dado a una misma cinta, a lo largo de sus 25 años de existencia; pero claro, había que hacerle la cusqui al director manchego. Lo mejor del caso es que el premio terminó por llevárselo en esa ocasión la AACCE, al conseguir Almodóvar el de la otra academia, la de allende los mares y algunas que otras tierras.

Pero la razón por la que creo que era tan previsible todo, es porque, supuestamente, alguna influencia debe de tener la Ministra Sinde –que así es conocida, más que nada por la ley que ha impulsado recientemente- en la Academia, y, supuestamente, alguna influencia debe de tener sobre ésta su jefe, el Presidente J. L. Rodríguez Zapatero y sobre éste -que estaba dispuesto a aprobar el Estatut que le llegase de Cataluña, sin más, y que está dispuesto a saltarse la Ley con tal de remendar los recortes del TC- el President, que tantas penas le puede quitar de encima… en resumidas cuentas, que para Alex de la Iglesia, que partía de favorito, lo justo… en cambio, ¡ay, en cambio!, en cambio para “Pa negre”… pues eso, lo visto.

Me temo que, quienes estemos por eso de reivindicar los derechos de ciudadanía que el nacionalismo excluyente nos ha usurpado, tendremos que apretarnos los machos y echarnos a temblar. O dicho en el román paladín de hoy: que lo vamos a tener crudo.

Vale, vale, que ya he dicho al principio que soy muy desconfiado... que sí, pero que ojalá, como tantas veces, esté errado.

Juan Alonso

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CUMPLIR LAS SENTENCIAS

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“Es obligatorio cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales …”

Este deber constitucional que promulga la Constitución Española en su art. 118 parece ser que, últimamente, presenta excepciones según territorio y materia de aplicación. Así, en Cataluña, ellos, los constructores de naciones, tan demócratas en sus falaces veleidades nacionalistas, han elevado, de manera unilateral, la insumisión a rango de norma. Es para CiU, ingenieros del nacionalismo catalán, con su cara mano de obra tripartita los que consideran que las Sentencias del Tribunal Constitucional y del Supremo en las que obligan a la Generalidad de Cataluña a adaptar su sistema de enseñanza’ para ‘que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’ son amenazas y ataques a la identidad de Cataluña por incidir en su jesuitico “dadme los primeros 8 años de una persona y podéis quedaros con lo demás”. Las escuelas utilizadas para impartir dogma.

Qué pobreza de argumentos al utilizar la lengua, mero instrumento de comunicación, elevándola a columna vertebral de la falacia nacionalista una vez que los Rh han perdido por inconsistentes su potencial factor de identidad y se amparan en la lengua arrogándose estos la capacidad de erigir a una como “propia” en detrimento de otra. La una y la otra. Treinta años, si no más, llevamos con ello y como siempre, los que tenemos la ley de nuestro lado, los que sólo exigimos que se cumplan íntegramente las sentencias, que los currículos escolares sean el reflejo de la legalidad somos tachados de españoles. Pues sí, somos españoles, vivimos en España y queremos seguir siéndolo en esta España que algunos pretenden desmembrarla a costa de todos los españoles.

Esta situación no es novedosa. Han transcurridos treinta años del conocido popularmente “Manifiesto de los 2300″ y sigue siendo vigente por que:

. La situación cultural y lingüística de Cataluña es la de la subvención.

· La libertad, tolerancia y respeto entre todos y para todos los ciudadanos de Cataluña brilla por su ausencia.

· No hay razón democrática que justifique el propósito de convertir el catalán en la única lengua oficial de Cataluña cuando la realidad social catalana es plural y bilingüe.

· Los poderes públicos desprecian el uso público y oficial del castellano y el derecho a recibir la enseñanza en la lengua materna.

· El Gobierno central se pone de perfil y evita salvaguardar los derechos lingüísticos de los ciudadanos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de autonomía.

· El gobierno de la Generalidad de Cataluña está utilizando la coacción para imponer una lengua sobre otra cuando ambas, catalán y castellano, son lenguas oficiales.

- El desarrollo de la lengua y cultura catalana no debe hacerse a costa de empobrecer y desprestigiar la lengua castellana y viceversa…

· El derecho a ser educado en castellano ni se cumple, ni está garantizado.

· Los distintos gobiernos de la Generalidad de Cataluña, lejos de respetar los derechos de los individuos están contribuyendo a fracturar la sociedad catalana.

Seguimos reivindicando el modelo bilingüe en la enseñanza, en la calle, en los negocios. Seguimos reclamando la libertad de elección. Seguimos reivindicando la igualdad. Seguimos reivindicando el cumplimiento de la legalidad y la Asociación Impulso Ciudadano rememorará el próximo 12 de marzo esa reivindicación en un acto público en la ciudad de Barcelona porque, tal y como concluía el “Manifiesto por la igualdad de los derechos lingüísticos en Cataluña” en el 1981:

” .. Es preciso defender una concepción pluralista y democrática, no totalitaria, de la sociedad catalana, sobre la base de la libertad y el respeto mutuo y en la que se pueda ser catalán, vivir enraizado y amar a Cataluña, hablando castellano. Sólo así podrá empezarse a pensar en una Cataluña nueva, una Cataluña que no se vuelque egoísta e insolidariamente hacia sí misma, sino que una su esfuerzo al del resto de los pueblos de España para construir un nuevo Estado democrático que respete todas las diferencias. No queremos otra cosa, en definitiva, para Cataluña y para España, que un proyecto social democrático, común y solidario…”

María Turruchel Alcantud

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En la Cataluña milenaria, a la que se refería Artur Mas en su primer discurso institucional como presidente de la Generalidad, el primer nacido en el año 2011 se llama Jasmine, y es una mataronesa hija de marroquíes. Esa misma nacionalidad disfrutan los padres de Belkhir, que llegó a las 0:17 horas en la provincia de Tarragona, concretamente en el Hospital Virgen de la Cinta de Tortosa.

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Tampoco son originarios de Cataluña los padres de Kaasem, el primer bebe de Lérida, que es el tercero de una familia argelina; desconozco si Iván, el primer gerundense que vio la luz a los pocos minutos de iniciar su curso el nuevo año en Calella, es de padres nacidos en Cataluña. No sé qué grado de conocimiento de la Cataluña de hace mil años tiene el presidente autonómico Mas, pero desde luego, aquella no puede ser la referencia para dirigir la comunidad durante la segunda década del siglo XXI.

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Artur Mas es un nacionalista catalán que preside un gobierno, según él, para todos los catalanes. Ahora tiene que incluir a Jasmine, Belkhir, Kaasem e Iván. Espero que la guía de su gobierno no sea la que marcó su discurso de año nuevo, cargado de antiguos tópicos y estereotipos nacionalistas que dejan fuera del terreno de juego a un significativo grupo de catalanes.

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La percepción subjetiva de lo catalán, de Cataluña y de España, que reflejaban sus palabras, es simplista, deformada y basada en la cultura del enfrentamiento. Ha tenido la oportunidad de cambiar los esquemas tradicionales y ofrecer una política de entendimiento y de colaboración con todas las instituciones que, sin duda, daría muchos más réditos que hacer incompatible su concepto de “nación catalana” con el de Estado.

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En un momento en el que Mas es el segundo político mejor valorado por todos los españoles, en el que Joan Rosell ha sido elegido presidente de la CEOE por los empresarios de toda España, contradiciendo a aquellos que sostenían que esto era imposible por su condición de catalán, y en el que la Confederación Española de Cajas de Ahorro está dirigida por Isidre Fainé, resulta que el presidente autonómico insta a reaccionar y combatir las hostilidades y amenazas contra Cataluña y a alcanzar lo que define como “plenitud nacional”, una ensoñación innecesaria que ya tiene un marco completo, el español.

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Los catalanes de hoy agradecerán menos épica y más gestión ordinaria que facilite la solución de sus problemas: la creación de empleo, la mejora y aseguramiento de las prestaciones sociales, la obtención de créditos para emprendedores o la potenciación de las libertades en un entorno de seguridad pública. En todas ellas tiene competencias el Gobierno autonómico y mucho que corregir para levantar el lastre que hereda de los gobiernos tripartitos. Trabajo, tiene de sobra. Esperemos que no yerre las prioridades.

José Domingo

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DE VACAS Y DE ESCRIBAS

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A lo largo de la historia de España, se han sucedido ciclos de bonanza y recesión, acompasando ciclos que se producen en todo el mundo. No es objeto de este artículo dirimir si su causa es la actividad solar, inherente a la condición humana, astrológica o, bastante probablemente, la ausencia de un patrón monetario estable, (como p.ej. el oro), combinado con la necesidad de que la reserva de caja para depósitos a la vista deba ser del 100% (Huerta de Soto: Dinero, crédito bancario y ciclos económicos).

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Por bosquejar un poco el problema, a finales del 2006 estalla la burbuja inmobiliaria. En realidad no se trata de un estallido propiamente dicho, digamos más bien que la gente se da cuenta, fehacientemente, de que el mercado inmobiliario sí estaba en burbuja.

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La diferencia entre darse cuenta de que existe una burbuja y que ésta estalle, es sustancial. Básicamente lo que ocurrió es que se deja de comprar pisos, pues se sabe que no valen lo que la gente pide por ellos, pero no se produce la dramática caída de precios que ajustase el valor del mercado a la realidad, como sí ocurrió en otras zonas del mundo.

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Poco a poco, al stock de viviendas que ya no encontraban comprador, se van sumando las que se acaban a lo largo de esos años. El precio real de mercado es tan bajo, que ni siquiera compensa a los constructores tirar precios. Los constructores, no pudiendo hacer frente a los préstamos, van sucesivamente quebrando, y los pisos pasan a ser propiedad del banco. Es mejor que una SL quiebre y se pierda el milloncete escaso de pesetas que limita su responsabilidad que seguir al pié del cañón aguantando carros y carretas durante siete años de vacas flacas. Muchos beneficios se han guardado en “B”, y la generación de ladrilleros que aprovechó la cresta de la ola tiene ahora sesentaypico años y es mejor jubilarse y ya está.

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Y a partir de aquí es donde difiere el camino que toma España del que se sigue en otras partes.

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Los bancos, fuertemente apalancados, no pueden permitirse ese descuento en al valor de sus activos, y en vez de sacar los pisos según entran, hacen acopio. Como a los constructores, tampoco les compensa la caída. Es cuando se decide que, en vez de un estallido violento, se dé paso a un “desinflado” controlado. Guardar los pisos, contabilizarlos como activos, con el valor de tasación que tenían en bonanza, y restringir su salida de forma controlada para que no caigan precios por la inundación de ofertas. Y lo terrible es que TODOS los bancos lo hacen a la vez, en acuerdo de oligopolio.

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Todo habría ido bien, varios años con precios de vivienda cayendo paulatinamente, entre un dos y un cinco por ciento, y aunque la inflación no estaba alta, sumaría otros dos o tres puntos anuales hasta que se hubiese igualado con ese dramáticamente bajo valor real de mercado (aproximadamente la mitad). La cuenta es rápida, un cinco por ciento de bajada acumulado, dan esos siete bíblicos años hasta completar ese cincuenta por ciento de ajuste.

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PERO (y es que siempre hay un pero), desgraciadamente confluye otro factor que no se tuvo en cuenta y que ha truncado estos aviesos planes. Y es la intervención de la administración pública en la historia.

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Cada piso que se vendía, cada local que se alquilaba, cada teja, cada ladrillo, cada salario, tenía asociado uno o varios impuestos recaudados. Al final, la administración prácticamente trincab… digo, tributaba tanto como costaba construir el piso, si no más. Desde el solar de suelo público que los ayuntamientos subastaban a su precio máximo (pues se hacía en régimen de práctico monopolio), hasta la escritura y actos jurídicos documentados. Desde la administración local a la estatal, todos los políticos han contado con un caudal de dinero que desde la entrada en la UE y su obra pública asociada, hasta ahora, había manado de manera ininterrumpida.

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Ese dinero, aparentemente inagotable, tenaz, ha financiado un estado de autonomías, con cientos de miles de trabajadores públicos, que no funcionarios de oposición y carrera, que no maestros, policías, médicos, militares o jueces, en una cantidad que los dobla en número. Se vintuplican normativas y direcciones generales, se generan ayuntamientos con secretarías y comisiones, vehículos oficiales, en municipios que deberían haber funcionado como simple mancomunidad.

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Antes mencionaba que el caudal en impuestos era prácticamente equivalente al coste de la vivienda, y no deberíamos asombrarnos de constatar que hayan generado una cantidad de puestos de trabajo equivalente a la que la construcción generó, pero con una sutil diferencia. Estos “funcionarios” no se quedaron en la calle, equivalentemente, en el 2006.

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Por cada mercedes de constructor, ha aparecido un coche oficial, pero de ése nadie habla. Lo dramático, llegados a este punto, es la conjunción que da lugar a las tormentas perfectas.

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No ya un gobierno, un modelo de estado que se sustenta en todos estos estamentos públicos artificialmente formados, no puede cambiar de la noche a la mañana. Y el gobierno toma la peor decisión que se podría tomar: Considera que el problema es cíclico, no sistémico, y decide aguantar en el machito a que escampe. ¿No hay dinero para pagar los sueldos? No importa, se pide un crédito, que dada la holgada situación que nos precede, tenemos credibilidad. Total, sólo serán unos meses, un par de años a lo sumo. Y al enorme gasto que supone todo este sistema, y que ya no se puede sostener, se suma mes a mes el pago de unos intereses. Como las cosas no cambian, hay que volver a endeudarse, y como el gasto es, sumándole esos intereses, cada vez mayor, el préstamo siguiente mayor, y de nuevo, los intereses mayores. Y así en bucle y ya vamos para cinco años.

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Además, la abyecta dialéctica keynesiana de que, si el mercado de por sí no genera actividad, hay que inyectarle obra pública, por lo que se propicia, a costa de más deuda pública, planes Es y dosmiles. Uno nunca sabrá si estos planes son “forzados” por amiguetes de políticos que salvan así los pocos trastos antes de mandar la gente a la calle y el negocio a china, o si realmente esos políticos se creen esas equivocadas tesis keynesianas. Probablemente sea una mezcla de ambas.

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Poco a poco, la administración ha ido esquilmando la ya de por sí escasa liquidez de los bancos españoles, (que en el fondo no es sino legítimo ahorro de españolitos) que consecuentemente, cierran el grifo a las empresas que aún sigan en pié, aunque se dedicasen a hacer piruletas, y que ya no tienen nada que ver con la construcción. Y faltando la más importante materia prima, el capital, las empresas cierran en cascada. Y de nuevo todo se retroalimenta.

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El parado no puede pagar su piso, el piso acaba en el banco, el banco no da crédito, hay que provisionar.

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El estado no puede pagar los sueldos, emite deuda pública, obliga a comprarla a los bancos, que dejan de dar crédito. Cientos de instituciones públicas, ayuntamientos, fundaciones, empresas públicas, autonomías, están técnicamente quebradas y hay que inyectarles más y más liquidez.

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El gasto keynesiano en obra pública, vuelve diezmada vía impuestos al erario, sin haber cumplido su función de reactivar de manera real la economía. No eran tranvías y pistas de padel las inversiones adecuadas, se ha fallado el tiro.

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Finalmente, al gobierno cae del guindo y se da cuenta de que ésto, lejos de ser un chaparrón temporal, es un invierno en toda regla. Y como la cosa no se sostiene, hay que ajustarse el cinturón. Y aquí aparece una nueva maldad del sistema.

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En vez de recortar puestos públicos, de amortizar servicios, ministerios, racionalizar el sistema, cuestionar las autonomías, macro ayuntamientos, medidas nada populares entre los que soportan políticamente el sistema, el recorte del déficit se busca de subir impuestos, edades de jubilación, congelar pensiones y salarios (pero no sólo de ésos trabajadores públicos innecesarios, sino de todos de los funcionarios).

Y de nuevo nos hacen remar hacia el centro del remolino. Porque al subir impuestos, la competitividad de las empresas se resiente aún más. ¿Porqué comprar una piruleta española si la alemana vale seis céntimos (que es lo que adenda el impuesto) menos? Al carajo la empresa, y de nuevo se inicia el ciclo.

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A todo esto, una cosa más: el gobierno detecta la falta de dotación de crédito de los bancos a las empresas, y sucede un fenómeno atroz. El estado emite más deuda para luego financiar a las empresas vía ICO. Pero el estado no es imparcial, y los criterios de concesión, políticos y no objetivos. El tipo de interés, siguiendo la farsa, la mitad del de mercado. Ya pagarán los contribuyentes sendos diferencial y error de concesión.

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Y por fin, los bancos se encuentran con dos activos ultratóxicos; pisos que valen la mitad y deuda pública de un país en decadencia empresarial, y que va perdiendo calificación y, por tanto, valor.

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En resumen, el gobierno ha hecho lo imposible por descapitalizar sistemáticamente al estado y a la sociedad. Ni de forma planificada se podría haber hecho peor, pues el que parecía el peor escenario, y que se trató de evitar, el del crack, ya lo habríamos superado.

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En el sueño del faraón las vacas flacas devoraban a las vacas gordas, en alusión a que siete años de crisis en Egipto. Pero las vacas flacas emergen del Nilo y se encuentran con que son los escribas son los que han devorado las siete vacas gordas. Ahora, a falta de otra cosa, esas escuálidas vacas y esas vacías espigas roerán las tripas de todos los españoles.

Román Lobera

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PERDER LA VIVIENDA EN ESPAÑA Y EN USA

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Si uno se compra un inmueble en USA mediante una hipoteca, supongamos que de 450.000 $, y al cabo de unos años deja de pagarla, puede irse al Banco, entregarle la casa y la hipoteca queda automáticamente cancelada.

Si un cliente pide a un Banco en España una hipoteca de 280.000 €, y al cabo de un tiempo no puede seguir pagándola, lo tiene mucho más fastidiado.

El banco puede aceptar o no la vivienda como dación en pago, pero igualmente debe 280.000 € al Banco español; si la vivienda se valora o se trasmite en subasta por menos dinero (lo que pasa siempre), el resto de la deuda recae en el cliente, quien responde con sus bienes presentes y futuros, es decir para toda a vida de el y de sus herederos...

En este país, llamado España, en relación a la adjudicación de viviendas por medio de subastas, está vigente un artículo de la Ley de Enjuiciamiento civil que se titula:

Artículo 693. Reclamación limitada a parte del capital o de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes. Vencimiento anticipado de deudas a plazos.

Para el ciudadano de a pie, el artículo mencionado se explica con suma facilidad: Después de perder el piso o la vivienda, o la casa, el Banco o la Caja lo perseguirá mientras viva o tenga bienes, si en la subasta no ha cobrado hasta el último céntimo de euro que deba. Hasta entonces el pobre deudor, seguirá debiendo capital, intereses y costas.

Pues bien, en esto como en otras tantas cosas España es diferente. En Usa y en algunos países más cuanto existe una situación de crisis personal o familiar, y tienen hipotecado un bien inmueble, van al banco entregan las llaves y se acabó, ni demandas, ni capital, ni intereses, ni costas pendientes. Pierden la vivienda y se acabo.

A nivel Europeo, los derechos de otros ciudadanos de la Unión, son mayores que los nuestros. Por qué será, por la gran banca supongo. Igual que por la gran banca, el partido en el gobierno no se ha atrevido en muchos años a presentar un proyecto de Ley de familias sobreendeudadas, al estilo que se encuentra en vigor en Francia, que es como un concurso de personas físicas. Eso tampoco le gusta a la gran banca, que creo es la que manda en España, y no la ha dejado aprobar en el Parlamento. Todos los partidos políticos están en deuda con la banca, y quién va a morder la mano que le da de comer.

A la banca española le gustan las directivas y legislación comunitaria de la Unión cuando favorezca sus intereses. Si no le gustan, en España no se aprueba esa legislación y punto.

Una pregunta: ¿Por qué un ciudadano Francés, con la familia en crisis, tiene facilidades procesales y legales para renegociar sus deudas, y en España un ciudadano español no puede? Pues sencillo, en Francia tienen Leyes que protegen al débil frente al poderoso y en España, no.

Lo de menos, por lo que se ve, es lo que le pasa a la ciudadanía española en épocas de crisis. Hasta dónde llegaran en esta farsa de democracia, en la que unos viven y otros sobreviven, con distracciones y futbol, más que con Franco…

Bueno, en España podríamos lograr algo para favorecer a los ciudadanos. Solo con una pequeña modificación de La Ley y añadir un apartado al artículo descrito al principio, que más o menos dijera lo siguiente:

Artículo 693.4: en caso que el bien ejecutado sea la vivienda familiar, el deudor de buena fe, previa solicitud de comparecencia, podrá entregar el bien hipotecado como pago de la deuda. Si el Tribunal valora que concurren los elementos anteriores dictará resolución en la que adjudicará el bien al acreedor dando éste por satisfechas todas las cantidades que por el principal e intereses, vencimientos del préstamo e intereses de demora y costas, se adeuden.

Ven que sencillo, una pequeña modificación legal y cuanta felicidad a la ciudadanía. Pero ahí viene lo bueno, quien le pone el cascabel al gato.

Nada de políticos que dicen defender al pueblo y a la ciudadanía. El proyecto de Ley debe ser una iniciativa popular al Parlamento, con recogidas de firmas, promovida directamente por la ciudadanía pasando de los partidos.

Igualito que hicieron en Cataluña para prohibir los toros, aquí se trataría de prohibir la postura dominante de los bancos frente a los ciudadanos hipotecados, yo y millones firmaríamos…

En el artículo 87.3 de la Constitución se contempla la posibilidad -regulada por la Ley Orgánica 3/1984- de que los ciudadanos hagan propuestas respaldadas por un mínimo de 500.000 firmas, propuestas denominadas por ley ILPs (Iniciativas Legislativas Populares).

A lo largo del periodo democrático español iniciado en 1978, tan sólo nueve ILP han pasado el filtro de la Mesa del Congreso, mientras que únicamente una Iniciativa Legislativa Popular ha sido aprobada por el Pleno, que era relativa a la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal.

Pues ya es hora de la segunda Iniciativa Legislativa Popular, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, añadir al artículo 693, el cuarto apartado, que se dice más arriba.

Si no se consigue la modificación de la LEC, para ayudar a resolver este problemazo deberíamos actualizar y poner en práctica la dación en pago con los pisos hipotecados. Pagar a la banca con el piso, lo que no deja de ser una solución legal para resolver estos problemas.

En España debería funcionar la dación en pago, la entrega del piso por la deuda, la dación en pago produce los efectos del pago mismo: extingue la obligación primitiva, así como los derechos accesorios que la acompaña.

Sé que mi petición caerá en saco roto, pero por lo menos servirá para que algunos reflexionen y piensen un poco en los que están pasándolas canutas , en estas fechas señaladas, y en las de todo el año.…………………………..QUE PAIS.

Antonio Pavón

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