El "MandaMás"

El Tribunal Supremo dejó bien claro que el castellano debe ser reintroducido como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña y ordenó que la Administración educativa catalana adoptará las medidas necesarias para hacerlo posible. La inmersión en lengua catalana es una de las principales líneas rojas trazadas por el nacionalismo catalán para delimitar su campo de juego y para evitar que ninguna institución o particular, nada ni nadie, las traspase acuden a la coacción y a la manipulación.

Al cobijo de la sombra del mandaMás han florecido plataformas como Som Escola o Escola en Català, que han enviado miles de correos electrónicos y han convocado manifestaciones delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para advertir a los magistrados de que si se atrevían a saltar la raya del monolingüismo catalán corría peligro la paz social. El Parlamento catalán, por su parte, ha desafiado al Poder Judicial aprobando resoluciones en las que declaraban que el catalán sería la única lengua vehicular de enseñanza, con independencia de lo que dijeran los Tribunales.

En ese contexto, el Tribunal catalán le ha pegado un capotazo al toro y lo ha devuelto, casi entero, al Tribunal Supremo. Le ha faltado valor. Recrimina a la Administración catalana que no haya ejecutado la sentencia, pero achica seguidamente los espacios y reduce las medidas para hacer posible que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza a una enigmática “situación jurídica individualizada” que delega la forma de concretarlas en el centro donde estudien los niños de las familias afectadas. Conscientes de que la solución no es la definitiva, los magistrados sugieren en el controvertido auto que la última palabra sobre este tema la tendrá, otra vez, el Tribunal Supremo.

Al Poder nacionalista le ha faltado tiempo para tratar de confundir a la opinión pública. Tras salir con el espantajo de la segregación y de las dos líneas separadas y recordar por enésima vez a Franco, se atreven a afirmar, sin pestañear, que la inmersión lingüística ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia catalán. Falso. De hecho de los veinticuatro magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sólo uno –el que ha emitido el voto particular- ha defendido que el catalán debe ser la lengua vehicular de la educación. Los veintitrés restantes no han dicho ni una palabra al respecto y, por el contrario, han reiterado que el castellano también debe ser lengua docente en la enseñanza.

La guinda la ha puesto la valoración de la Consejera de Enseñanza. Las sentencias del Tribunal Supremo se jibarizan y quedan comprimidas por la Honorable convergente en un grotesco derecho a la atención individualizada en castellano en la educación infantil, que sarcásticamente es definido como “un mecanismo para tranquilizar a las familias”, es decir, un placebo. El engrudo, según Rigau, consiste en que: “Si tienes la sensación de que un niño no te ha entendido a la hora de explicar unas normas, en vez de hacerlo públicamente y repetirlo todo en castellano, después te diriges a él y le dices: mira, lo que queríamos decir es que, al acabar la clase, la silla se pone sobre la mesa. Son una serie de pautas y de instrucciones que se personalizan.”

Esa rueda de prensa la tiene que ver el Ministro de Educación, Cultura y Deporte para que analice como la Generalitat cumple las normas educativas en Cataluña y se decida, de una vez, a modificar la Ley Orgánica del Derecho a la Educación para incluir el derecho de los alumnos a ser educados en castellano en todo el territorio nacional y a poner los medios para hacerlo efectivo. Así de sencillo.

José Domingo
Presidente de Impulso Ciudadano y exdiputado del Parlamento de Cataluña.

SANT POL COMO SÍNTOMA

El nacionalismo transversal catalán tiene una tendencia innata a pegar puñetazos en el tablero para sacar las piezas de su sitio cuando la marcha de la partida no lleva el rumbo que le conviene. Si el jugador contrario reclama la aplicación del reglamento y el árbitro sanciona al infractor, el catalanismo pone el grito en el cielo y se hace la víctima. Es lo que ha pasado en Sant Pol de Mar: el consistorio vota incumplir las leyes de banderas, cuando el Juzgado, a instancias de un concejal, ordena colocar la bandera de España, la alcaldesa apela a la soberanía del municipio y reclama su derecho a hacer lo que le plazca, llama a rebato y algunos se sienten legitimados, literalmente, para incendiar los símbolos españoles. Lo sorprendente es que el ciudadano ejemplar que ha logrado que el imperio de la ley triunfe, es acusado por los nacionalistas de romper la convivencia y tiene muchos números para ser declarado persona non grata en el municipio. El mundo al revés. Que se sepa, a día de hoy, el Gobierno de Cataluña no ha recordado a los ayuntamientos que en un Estado democrático de Derecho es oportuno cumplir las normas. CiU tampoco ha dado instrucciones a sus concejales o alcaldes para que dejen las banderas en paz y respeten las leyes. Si en el Pleno del Parlamento de Cataluña y en la Delegación del Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma se exhiben, con normalidad, las banderas de España y de Cataluña ¿qué inconveniente hay para que algunos alcaldes, concejales o funcionarios no lo hagan en las dependencias municipales? ¿Es que se pretende practicar el golpismo en determinados municipios? A la vista de las declaraciones de los impulsores de algunas asociaciones de municipios independentistas y de las resoluciones adoptadas por ciertos ayuntamientos, destinadas a romper los anclajes institucionales, es evidente que sí. EL PSC, como siempre, de perfil, se abstiene. La estrategia soberanista de CiU, con la complicidad útil de los socialistas, pasa por deslegitimar la España autonómica. Cada mes asistimos a la escenificación de un nuevo agravio que justifica la separación de Cataluña del resto de España, que si las balanzas fiscales, que si el traspaso de cercanías, que si los papeles de Salamanca, que si las corridas de toros, que si la ley del aranés, que sí las sentencias del Tribunal Constitucional o del Tribunal Supremo, que si el corredor mediterráneo, que si la gestión del aeropuerto o la reforma de la ley de puertos, o el impago del fondo de competitividad, o el expolio, o las últimas declaraciones de Mourinho… Es más, si Chacón hubiera ganado, el PSC habría sido asimilado por el PSOE y cuando es Rubalcaba, finalmente, el vencedor, queda demostrado que España no está preparada para que una catalana pueda ser secretaria general de un Partido español. Si la Academia del Cine Español propone para los Oscars a Pa negre, se hace para atacar a la Acadèmia del cinema català de Joel Joan que, supuestamente, se fundó porque España nunca presentaría a aquel certamen una película rodada en catalán. Sea cual sea la razón, siempre hay motivos para un agravio más. Sea la circunstancia una o su inversa, siempre sopla el viento a favor de su victimismo interesado. Sin embargo, lo cierto es que en muchos ayuntamientos catalanes la bandera que no ondea es la española, que los comercios que son multados son los que no tienen la rotulación en catalán, que los niños que no pueden educarse en su lengua son los castellanohablantes y que quien sufre amenazas en su municipio, del que pretenden expulsar, es quien pide que se cumpla la Ley. En estos tiempos de crisis económicas, en que las sensibilidades están a flor de piel, sería conveniente que todos aprendiésemos a racionalizar nuestras pasiones y no forzásemos innecesariamente las situaciones.El catalanismo tiene que empezar a comprender que el problema a resolver no es el del encaje de Cataluña en el resto de España (algunos madrileños empiezan a ver rentable la separación), sino el de la tensión unidireccional que proyectan sobre la sociedad catalana que comienza a poner en peligro su cohesión. Desde la transición, la comunidad de catalanes castellanohablantes o de aquellos que se sienten identificados con la España plural viene aguantado estoicamente afrentas y discriminaciones, pero no siempre tiene porque ser así, más cuando con agresividad, el catalanismo se está situando al margen de la ley y trata de echar con malos modos del escenario al distinto, al divergente, al otro inasimilable.

José Domingo
Presidente de Impulso Ciudadano

“Socialismo es izquierda”

Publicado en La Voz de Barcelona el 27/01/2012

‘No parecía tolerable, ni para militantes ni para observadores externos, que las opciones de relevo a Zapatero que se barajaban, Chacón y Rubalcaba, carecieran de la más mínima intención de asumir responsabilidades en la debacle del PSOE frente a su electorado, ni que estuviesen en condiciones de hacer ahora lo que no fueron capaces de hacer antes’.

Cuando, por primera vez, Pepe me comunicó que estaba considerando la posibilidad de presentar su candidatura a la Secretaría General del PSOE, tuve que insistir en que repitiera lo que decía, porque creía que no le había entendido. Repitió de nuevo, sosegadamente, con la convicción del que ya ha traspasado las cavilaciones y ha tomado la decisión con firmeza. Ante mi incredulidad, gestionada con prudencia, conteniendo la espontaneidad de las descalificaciones sobre su cordura, incluso las tamizadas mediante expresión humorística, él fue dando razones y ponderando los motivos y la necesidad de tal decisión.

Su llamada no era sólo informativa. Me estaba pidiendo colaboración, complicidad y asesoramiento en aquello que estuviera a mi alcance. En definitiva, me estaba pidiendo repetir, una vez más, lo que llevamos haciendo durante tantos y tantos años que nos han hermanado en afecto, ideología y militancia. Ambos sabíamos que el recorrido de esa iniciativa sería breve, que difícilmente pasaría de la precandidatura, que las posibilidades de un militante de base duran como un bizcocho en la puerta de la escuela. Sin embargo, una persona sin compromisos y “dueño de su propia hambre”, según acostumbra a decir, bien se puede permitir la ocasión de exponer, negro sobre blanco, opiniones y valoraciones ampliamente compartidas por las gentes de la base.

En esa conversación, desde el inicio, dejamos claras algunas cosas; si se tiraba adelante, se presentaba a candidato como Pepe Castellano, en calidad de militante de base del PSOE, y no en función de su responsabilidad en Ágora Socialista. Es más, Ágora Socialista, en tanto que asociación, ni puede presentar, ni debe avalar candidatos a responsabilidades internas de los partidos. Precisamente se creó para ser independiente de ellos, tras las represalias habidas desde el PSC, por la oposición crítica que nuestra asociación defendió frente al proceso estatutario catalán, que finalmente resultó inconstitucional.

Por tanto, su intento de ser designado precandidato ha sido posible gracias a su militancia directa en el PSOE, ya que de haber continuado en el PSC, no habría podido hacerlo, al reservarse el PSC la potestad de esa presentación, en detrimento de la voluntad de cualquiera de sus militantes. Así pues, convenimos en que trabajaríamos juntos en esa experiencia y sumaríamos a otros compañeros, capacitados para distintas tareas y aportaciones.

La primera de esas tareas era explicar la necesidad de esa iniciativa. No parecía tolerable, ni para militantes ni para observadores externos, que las opciones de relevo a Zapatero que se barajaban, Chacón y Rubalcaba, carecieran de la más mínima intención de asumir responsabilidades en la debacle del PSOE frente a su electorado, ni que estuviesen en condiciones de hacer ahora lo que no fueron capaces de hacer antes.

Ambos, como la mayoría de integrantes del aparato consentidor-colaborador-coadyuvador del PSOE, se han acogido a la tesis de que la realidad que ha noqueado, para mucho tiempo al partido, que durante más años ha obtenido más respaldo ciudadano en la reciente democracia, se debe a la crisis, y ésta, a su vez, se ha originado fuera del país. Explicación que no sólo exonera a Zapatero, sino a todos los responsables del partido, y a los de las instituciones bajo su influencia, que han permanecido inermes y callados.

De aquí las prisas inspiradoras del discurso común que mantienen Chacón y Rubalcaba en el sentido de que lo urgente y lo importante es erigirse en oposición, en capitanearla, y en combatir la “perversidad” de la derecha encarnada en el PP. ¡Borrón y cuenta nueva, aquí no ha pasado nada, así que no perdamos el tiempo mirando hacia atrás y… a otra cosa mariposa! Vienen a decir.

Desde luego no es el análisis que hace Pepe ni otra mucha gente. Al contrario, si no hay un análisis de la conducta ejercida, ni de la ideología y principios que la han hecho posible, la travesía del desierto será demasiado larga y, sobre todo, no se acabará por entusiasmo de los votantes socialistas, sino por cabreo con el PP traducido en el castigo electoral correspondiente. Parece que esa fatalidad es en la que fían sus aspiraciones estos candidatos, incapaces de ver la necesidad de un replanteo profundo de valores y de oferta política, acorde con los cambios sociales que nos envuelven y con las exigencias de autenticidad que los movimientos sociales han empezado a reclamar.

Es en este terreno de las ideas y de la crítica a las políticas erróneas del PSOE, y especialmente del PSC, cultivado desde su fundación por Ágora Socialista, donde nos hemos apoyado para componer un programa político, que diferenciara a Pepe Castellano de otros candidatos obsesionados por el marketing, la imagen, el cortoplacismo y la componenda, los que acabarán condenando al PSOE a ser un actor de segunda y al PSC a una opción de mínimos, respaldada por la marca PSOE y por la fidelidad que da la inercia residual del electorado socialista catalán.

Invito a los lectores a conocer directamente el contenido del programa de Pepe, los capítulos que lo integran, sus trazos biográficos personales y políticos, sus razones para presentarse y demás realidades que componen un proyecto de esta dimensión.

Olegario Ortega es presidente en funciones de Ágora Socialista y militante de UPyD

VOLVERÉ A HACER TEATRO EN MOLLET

El grupo de teatro Cataplân se inscribió, el año 2009, en Mollet del Vallés (Barcelona) para llevar a cabo obras de teatro en esta localidad. El concejal de ERC, un tal Fenosa, denunció en el pleno municipal de mayo de 2009 que en plena calle se había realizado una obra de teatro en castellano, concretamente una adaptación de Los tres cerditos y el lobo.

El Ayuntamiento, tras el pleno, me citó para decirme que no me preocupara, que “los radicales de ERC son una minoría sin importancia”. Yo respondí que no quería problemas con los niños y que si era necesario me iba de la ciudad. Me insistieron que no, que de ninguna de las maneras. Poco después, les volví a decir que si el Gobierno municipal no era capaz de mantener el orden y la paz social me iba. Finalmente, me quedé durante casi tres años hasta que el 22 de mayo de 2011 el PSC perdió las elecciones municipales y tuvo que pactar con ERC y CiU, según los acuerdos puntuales.

A partir de ese momento, los nuevos concejales de ERC, un tal Oriol López Mayolas, portavoz, y una tal Marta Vilaret García, regidora, encontraron la oportunidad y argumentaron en un pleno que “no era posible un grupo de teatro dirigido por una director de la OJE”. Aunque la Organización Juvenil Española, fuera declarada de utilidad pública por Consejo de Ministros en 1981 y renovada tal condición por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero el 18 de junio de 2010.

Así, la concejal de Cultura, Mercè Pérez (PSC), no dijo la verdad a los medios de comunicación, ni a los ciudadanos de Mollet, y se inventó que “había falta de inscritos en el curso”, pese a lo que consta en las actas municipales. Desde ERC, al salir del pleno del día 24 de octubre de 2011, se dijo que “no podemos permitir que en una instalación municipal se haga teatro en castellano”. En el pleno del mes siguiente fue peor: “No es posible que en un pueblo de izquierdas se permita en un edificio municipal actividades de un grupo de derechas”; y se dijeron muchas más cosas que constan, bien de palabra, bien en vídeos o en las actas.

Es decir, el alcalde Josep Monràs (PSC), la concejal de Cultura y todo el pleno (excepto los cuatro concejales del PP) se tragaron la versión oficial: “Cerramos por falta de inscritos”.

Cuando en realidad es una persecución ideológica, es decir: los nacionalistas de ERC contra un grupo teatral porque su director es de la OJE, constitucionalista y candidato de UPyD (una opción política personal). Lo que no han dicho es que en el grupo de teatro convivíamos sin problemas un constitucionalista (su director) y una candidata de ERC por Parets del Vallés (Barcelona), que era una de las actrices. Y tan felices, semana tras semana.

Se cerró el teatro para no molestar a los de ERC de Mollet. Ahora, el concejal de ERC asegura que Aguilella le persigue, que Aguilella es malo, y que Aguilella le ha plantado cara. Se asombran porque casi nunca nadie les planta cara. Pero han dado con un muro. Han dado con un defensor de las libertades que no necesita la ayuda de nadie. Que se vale solo aunque sabe que cuanta con su grupo de teatro y con su organización sindical. Porque, ¿para qué sirve un sindicato si no lucha por las libertades de los ciudadanos trabajadores?

Sé sobradamente que seré amenazado (bueno, ya han intentado callarme). Sé sobradamente que alguno de su entorno intentará agredirme. Ahora lloran, pero se repondrán. Por hacer teatro en español me llaman imperialista. Y la única realidad es que doce niños y diez adultos se han quedado sin teatro los viernes por la tarde de 18:00 a 21:00 horas. La sala de teatro está abierta, pero está vacía.

Soy sindicalista, sí. Soy actor, sí. Soy afiliado a la OJE, grupo de montañeros en el que llevo desde 1976, sí. Soy afiliado a UPyD, sí. Estuve en los inicios de EUiA (cuando se fundó como partido de izquierda no nacionalista, y lo abandoné cuando dejó de serlo) y fui de Ciudadanos, partido al que ayudo en lo que puedo. Y, desgraciadamente, debo decir todo esto porque vivimos en una Comunidad en la que hay que justificarse para vivir, en la que hay que aparentar, como el alcalde Monràs, como Mercè Pérez, para gobernar.

Lo que no han calibrado los de ERC es que les quedan 3 años y medio de calvario. El cargo lleva su carga. Van a tener que soportarnos durante años. Además, coincide que el Gobierno nos ha congelado el salario a los empleados públicos pero, sin embargo, 38 personas de Mollet se llevan cada año 1.369.037 euros o, lo que es lo mismo, 228 millones de pesetas. ¡Uf! Y esto se lo vamos a recordar todos los días.

Desde hace 15 años asesoro a una asociación de mujeres maltratadas, también en Mollet, localidad en la que tan bien me siento. Lo seguiré haciendo con o sin el permiso de ERC, con o sin el permiso del alcalde, con o sin el permiso de la concejal de Cultura, ¿cultura?. Y volveré a hacer teatro infantil en Mollet del Vallés, con o sin el permiso de los citados. ¡Vergüenza de concejales!

Manuel Aguilella Salgado
Director del grupo de teatro Cataplân

EL NACIONALISMO COMO PRETEXTO

Ni currículos ni nada parecido: está visto que no hay nada para colocarse, aún en una época de crisis galopante, como abrazar un nacionalismo extremo… Y todavía quedamos ingenuos queriéndole enmendar la plana al mismísimo Antoine-Louis-Claude Destutt.

Lo que determina una nación a la que adorar como si de un dios se tratara, es bastante incomprensible, pues en cada lugar del mundo donde aparece tan rentable tendencia para quienes la controlan -¿qué sería de Jordi Pujol, Mas, Carod-Rovira, Otegi, etc. sin el nacionalismo?- sus características difieren de las que ponen como prioridad nacionalistas de otros lugares en sus feudos. Sin ir más lejos, lo podemos constatar en los nacionalismos peninsulares: En el de Cataluña, parece que lo importante es la lengua, que, a pesar de ser una lengua importada e impuesta por la soldadesca romana, desatendiendo su origen, pasa a ser etiquetada con el pomposo título de “legua propia”. Los vascos, en cambio, a los que la muerte de Franco parece que les pilló en bragas o con el paso cambiado y con un conocimiento prácticamente nulo del vasco, así que vieron en la necesidad de inventarse qué era lo que más les hacía vascos: Se intentó hasta con el RH, pasando por una ikurriña demasiado joven -un invento nada menos que de Sabino de Arana- para justificar una patria antigua , así que al final lo que más parece haberles funcionado es la antigua afición de estos grupos separatistas al uso de las armas… y con un puñado de muertos como aval y el miedo de todos los que se envalentonan al lado de los criminales, al final han conseguido lo que querían, algo muy bien remunerado: la política como modus vivendi.

Si después de tanto asesinato, ahora resulta que se “rinden” –sin rendición- a cambio de un plato de lentejas, cabe pensar que lo que querían era una buena ocupación sin tener que someterse a los horarios universitarios y eso. Porque de otra manera no se entiende.

Los nacionalistas catalanes, más de lo mismo, excluyen y la competencia tampoco se establece en las aulas universitarias, que da mucho palo, es mejor echar a quienes puedan tener mejores aptitudes y poner como filtro el de la lengua: “O te sometes, o paso yo por delante”.

Triste. Pero vuelvo a pensar que, en estos asuntos, el Conde de Tracy sobra, que lo del nacionalismo no se lo tragan ni los tiburones… bueno, esa otra parte que vota las proposiciones nacionalistas, esos sí se lo creen, los pobreticos.

De los demás nacionalismos, no merece la pena ni mencionarlos, ya que son, con sus pequeñas peculiaridades, meros imitadores de los anteriores, en pos de lo mismo.

Lo bien cierto es que han conseguido, construir esa especie de gigantes, contra los que aparentemente se puede hacer poco. Digo aparentemente, porque si ellos han conseguido forjar ese monstruo descomunal, quienes queremos luchar por los derechos que como ciudadano nos van conculcando día a día, podemos hacer mucho, si nos olvidamos de nuestras ínfulas de “nosequé” y aunamos esfuerzos para vencer a ese Goliat con un “ejército” (lo digo metafóricamente, que conste) de montones de “davides”. No hay otra, está claro: ellos sólo buscan el posicionamiento social, nosotros la justicia social.

SOBRE LA DEUDA, DÉFICIT Y REFORMA CONSTITUCIONAL

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Creo que se está produciendo demasiado ruido sobre la reciente reforma constitucional. Entiendo por ruido el exceso de argumentación interesada y ajena al lo principal del asunto. Es por ello que expongo lo que, a mi juicio, se debe comentar, si se tiene la intención de separar el grano de la paja.

Lo primero a reseñar es que esta reforma ha venido condicionada, sino impuesta, por Europa. En concreto por el Banco Central Europeo (BCE). Es el precio de intervenir en el mercado de la deuda de España para que ésta deje de estar expuesta a la llamada especulación o voracidad del mercado.

El BCE acepta salirse de sus funciones para añadir estabilidad y evitar (al menos por ahora) que la bancarrota se extienda más allá de Grecia, Irlanda e Islandia. Lo hace porque el próximo paso de la debacle alcanzaría a Portugal, España, Italia… y quién sabe si aquí pararía o alcanzaría a otros “grandes”. Ello significaría que el futuro del euro y de la idea de Europa se esfumaría, quizá definitivamente.

La petición del BCE se comprende perfectamente. Lo que pide es seriedad, por lo que obliga a asumir compromisos más consistentes que las palabras y promesas habidas con antelación; y ello porque conoce la incapacidad de la estructura política española para actuar con consenso y con eficacia

Hay, por tanto, una imposición ajena a “la soberanía nacional”, y por ende, un menoscabo de la misma. Ahora bien, España también es Europa, y no precisamente un apéndice. Por eso, a la crítica de esa pérdida se debe puntualizar que la acompaña una ganancia. Es decir, se pierde nacional y se gana europea, y ello, porque se da un paso hacia adelante en la consolidación de Europa, y nosotros también somos Europa. Esto es así aunque sea difícil percibirlo en lo inmediato. No se olvide que la supervivencia europea pasa por avanzar en la unificación política y que las situaciones de crisis sirven de catalizadores históricos.

Esta reforma se ha producido mediante un acuerdo rápido entre PP y PSOE; razón que fundamenta una buena parte de las críticas en circulación. Críticas que deben ser matizadas. El pacto era necesario y contaba, por diversas razones, con poco tiempo para su materialización. Además, se sabe que venía impuesto. Desvirtuarlo con florituras para contentar a todos no habría colado.

Pero es que es necesario preguntarse: además de PP y de PSOE, ¿hay actualmente algún partido que reúna vocación y posibilidad de responsabilizarse del gobierno central? Con ambas condiciones, ninguno; por ello, a los dos grandes les ha tocado bailar con la fea, es de agradecer que lo hayan asumido.

Los demás partidos deberían haber colaborado con más realismo y haber prestado su apoyo, ya que cuando uno solo está en condiciones de coadyuvar no puede jugar a poner sobre la mesa su programa máximo como condición.
Comprender a IU y a UPyD, partidos de ámbito nacional, con vocación de intervenir en el gobierno, es relativamente fácil. Que se rebelen contra el PP y el PSOE se explica por el fraude implicado en el sistema electoral, que desvirtúa la correlación del apoyo ciudadano que obtienen con la representación de diputados que el sistema les asigna. Eso, que es un asunto sangrante y pendiente, tiene que corregirse, porque a quien se perjudica de verdad es a los ciudadanos, que tienen el derecho a ser representados en igualdad de condiciones.

Se ha elegido la vía sin referéndum. También esta opción ha merecido bastantes condenas. Sin embargo, es una vía prevista por la propia Constitución, y por algo la previeron los redactores constituyentes. El calendario y los medios para su organización no facilitaban demasiado la consulta, aunque habría cabido aprovechando la movida de las próximas elecciones generales. Sin embargo, su eficacia frente a la exigencia europea y frente a la “voracidad” especulativa habría sido notablemente menor. Aún así, los críticos con esta decisión, si creyeran que ello cambiaría el resultado de su aprobación, podrían recurrir al Constitucional.

Otro filón para las críticas ha venido de los partidos nacionalistas. Argumentan que se produce una laminación de las competencias autonómicas y una invasión de su “soberanía”. Sus propuestas eran que cada autonomía decida su tope de déficit fiscal. Además, aprovechando que se toca la Constitución, que sea para incluir sus horizontes utópicos: autodeterminación de los pueblos, derecho a decidir, límites de su aportación a la hacienda, la singularidad insular… en fin, ir a Europa con la propuesta de 17 límites distintos en un solo país resultaría más pintoresco que la peineta y las castañuelas, ¡y estos son los que van de avanzados y se avergüenzan de la España de zarzuelas y pandereta!

Por parte de la izquierda más concienciada se ha criticado, y con bastante razón, que se pierde un instrumento para la realización de políticas sociales y, por tanto, que se ataca al Estado del Bienestar. Debo reconocer mi osadía para opinar sobre materias reservadas a la economía y a la política económica; lo hago con lo que mi sentido común me conforma a mí mismo.

Es cierto que recurrir al déficit del Estado permite afrontar acciones de gobierno que, juzgadas necesarias, no se podrían acometer si no es endeudándose. Es cierto que las deudas son aplazables y, con frecuencia, las necesidades no, especialmente las sociales y perentorias. Es cierto que políticas de largo alcance no se podrían realizar si no es con programas de amortización a largo plazo.

Es como cuando uno, en su vida privada, tiene que pedir un préstamo ante una enfermedad maligna o ante una situación de emergencia. Es de lógica pensar que es mejor estar endeudado que muerto; también hay que optar por hipotecarse antes que encontrarse a la intemperie, porque se te ha caído la casa.

Sin embargo, las comparaciones aludidas, aparte de su utilidad didáctica, tienen una función escasa, y ello porque las realidades comparadas son esencialmente diferentes. Una persona empieza y acaba en sí misma, a lo sumo en un entorno familiar y de fiadores limitado y con una perspectiva vital escasa y previsible. Un estado, un país dispone de muchísimos más resortes, tanto de garantías como de temporalidad, y sobre todo, de recursos.

Hay algo común en las deudas, ya sean privadas o públicas: siempre hay que pagarlas; cuando no se hace, viene el quebranto. En el caso de las privadas afecta al deudor y a su entorno más inmediato, en el caso de las públicas afecta al Estado, es decir, a todos y cada uno de sus ciudadanos.

Recurrir al déficit público no es necesariamente de izquierdas; en muchos casos no lo es en absoluto. De igual manera, hipotecarse no siempre es una decisión sensata para disfrutar de bienes antes de poder pagarlos. La situación española actual proporciona demasiados ejemplos del mal uso del déficit; tanto de los entes públicos como de las deudas privadas. Es tan dañino construir aeropuertos donde nunca habrá aviones, como comprarse un coche aprovechando la hipoteca concedida para un piso. En nuestro caso, ambas cosas tienen el mismo sustrato: nos hemos creído más ricos de lo que somos.

Creo que, aún siendo lego en la materia, puede afirmarse que es preciso diferenciar entre gastar e invertir. Aunque es más fácil delimitar las palabras que la realidad concreta, parece sensato reconocer que la compra de una vivienda se asimila a una inversión mientras que la compra de un yate de recreo se suele catalogar de gasto. Actuar sobre necesidades y aspirar a bienes duraderos suele dar mejores frutos que actuar sobre caprichos y que gastar en bienes de vida efímera, aún admitiendo que definir lo que es necesario y lo que es una inversión admite un amplio campo de subjetivismo.

Decía que recurrir al déficit no es necesariamente de izquierdas. De hecho, dejar a un país vacío de recursos y cargado de deudas es lo propio de las dictaduras depredadoras, de los clanes familiares incrustados, de los iluminados militaristas, de los regímenes corruptos y represores… también de los sublimadores de patrias y de las administraciones irracionales y megalómanas.

¿Es de izquierdas tener que acudir a la deuda para poder seguir pagando los intereses de la deuda? Acudir a la deuda es demasiado atractivo para los gobernantes. A diferencia de los particulares, que son obligados a pagar, los políticos pueden apuntarse en su haber el gasto y la inversión y dejar para los que vengan las consecuencias.

Si el recurso a la deuda se dificulta, ello no implica que se dejen de atender ni de ejercer políticas de desarrollo y de atención social. Lo que implica es que se tendrá que ser más eficaz y más equitativo a la hora de recaudar y a la hora de gastar. Es obligación histórica de la izquierda potenciar el papel compensador del Estado frente a las desigualdades que genera la libre economía; también lo es explicarlo, exigirlo y gestionarlo.

Lo que realmente es de izquierdas es no bajar la guardia ante esa variedad de depredadores de lo público y participar activamente en la política, sea en el papel que sea, porque detrás de todas y cada una de esas desviaciones hay un discurso justificador y un aparato propagandístico; ambos dedicados a seducir a los que acaban siendo los paganos expoliados, cuando la cruda realidad finalmente aflora.

La reforma constitucional ni pone cifras al límite ni impide actuaciones de emergencia; el cambio propuesto indica una tendencia y un modo de hacer política, que ya están contenidos en la Constitución, por lo que se produce redundancia, al no añadir algo realmente nuevo. Lo que introduce la reforma es un gesto demostrativo de seriedad, ¿por qué se nos pide? Lo vergonzoso es haber dado lugar a que se nos pida lo obvio.

Me interesa insistir en la queja desde la izquierda, porque yo me sitúo en esa ubicación. Creo que la izquierda de verdad, en lo inmediato, tiene dos frentes económicos de posibilidades mayestáticas: la eficacia fiscal y la política impositiva. Eficacia fiscal combatiendo la economía sumergida y el fraude fiscal, ambas realidades impropias en un país con sentido de lo público. Adecuación impositiva acorde con el sentido común de que pague más quien gana más, otra realidad que en nuestro país está en mantillas.

Si de verdad se quiere hacer política de izquierda se puede hacer; hay recursos potenciales sobrados y necesidades sociales colectivas en las que invertir, pero invertir no es solo gastar, hay que proponerse objetivos y cumplirlos. Por ejemplo, afrontar la educación con sentido de Estado en vez de manipular nuestras estadísticas sobre resultados educativos, trampeando con el procedimiento de medición; o afrontar el tercermundismo de nuestra Justicia y sacarla de su marasmo y de su parálisis, en vez de intervenir politizando tribunales o induciendo órdenes subliminales.

Además, la izquierda de verdad tiene otras tareas pendientes; ojalá el acuerdo con el PP no sea flor extemporánea. Ojalá hagan conjuntamente análisis y ejercicio de contricción sobre el modelo de Estado al que dan pábulo y soporte. Urge una revisión honesta del funcionamiento de las administraciones públicas.

No es de izquierdas dilapidar lo que es de todos para complacer a unas administraciones que duplican, triplican y eneplican las funciones, y que, por ello, en lugar de mejorar las prestaciones, lo que hacen es menguarlas. Unas administraciones que no dan la cara para ahorrar ni para recaudar y que siempre están poniendo la mano para pedir y para chantajear.

Tampoco es de izquierdas dejar en manos del PP el sentido de Estado. Aun no se ha superado en las geografías con nacionalismos aquello de que para ser de izquierdas hay que ser nacionalista y que para votar a la izquierda hay que votar nacionalista. Tampoco se combate desde la izquierda la discriminación sutil o literal a la que se somete a la población civil en derechos y en oportunidades según sea o no “de los nuestros”. No se olvide que en España tenemos represaliados y exiliados de sus propias comunidades.

¿Cuándo la izquierda de verdad, de tradición socialista y comunista, va a comprender que la llamada profundización del estado autonómico viene dictada por la ideología, el programa máximo y los chantajes de los nacionalismos?, ¿Cuándo va a percibir que la esencia del nacionalismo descansa en dos pilares perversos, cuales son el egoísmo social y el narcisismo grupal?; ¿Tienen que ver algo con los valores de la izquierdas esos pilares?

Olegario Ortega, 5 de Septiembre de 2011

EL PANTANO DEL PSC

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El discurso de la diputada social-catalanista, Montserrat Tura (PSC), en el reciente debate de la proposición de ley sobre la independencia en el Parlamento autonómico de Cataluña ha pasado desapercibido y, vista la carga de profundidad que contenía, merecía más atención. Tras la decepción que ha supuesto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía, el PSC considera que la Constitución no se ajusta a sus aspiraciones y defiende su reforma.

Vista la situación económica del país, no parece que el PSOE cuente con cuerpo suficiente para retomar el ciclópeo tema de la reforma constitucional. La revisión de la Constitución se aparcó en febrero de 2006 tras conocerse el dictamen que elaboró, por encargo del Gobierno, el Consejo de Estado. Este dictamen apuntaba en la dirección contraria a la pretendida por el socialismo catalán, abogaba por el reforzamiento de los principios de solidaridad e igualdad y de los mecanismos de cooperación y colaboración entre el Gobierno y las CCAA y de éstas entre sí.

El intento del Estatuto de Autonomía de reformar la Constitución por la puerta trasera se ha cerrado con un planchazo del Tribunal Constitucional del que todavía se resienten las narices nacionalistas. El juego de las mayorías parlamentarias y el fracaso del atajo inconstitucional diseñado entre los grupos catalanistas y el Gobierno, en manos de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), sólo permite la reforma de la estructura autonómica mediante la connivencia entre los dos grandes partidos españoles. El PSC se opone a ello, y su actual presidente en el Parlamento autonómico, Joaquim Nadal, ha advertido de que la reconsideración del proceso autonómico no se puede hacer mediante un acuerdo entre el PSOE y el PP.

Nuevamente, el papel del PSC en el auca catalana es el de envenenar el terreno mediante la confusión. En las últimas elecciones autonómicas los socialistas se presentaron como el dique para detener la independencia y ahora algunos de sus miembros, Toni Comín y Joan Ignasi Elena, retornan a un discurso indefinido que alberga la alianza de su peculiar forma federalista con los independentistas. Las grietas que contribuyen a abrir son tan grandes que pueden llegar a reventar el pantano constitucional.

Es el momento de lo contrario. España precisa de una estabilidad institucional que sólo es posible a través del acuerdo de los dos grandes partidos nacionales sobre el diseño autonómico. La existencia de un fuerte sentimiento nacionalista en Cataluña y el País Vasco y, en menor medida, en Galicia y las Islas Canarias, es innegable pero la estructura del Estado no debe depender prioritariamente de la voluntad de los grupos separatistas, sino de aquellos que defienden la viabilidad de la Nación española.

Por ello, el nuevo marco estatutario que ha quedado definido a raíz de las recientes sentencias del Tribunal Constitucional debe replantearse retomando el espíritu de los acuerdos autonómicos de 1981 entre el PSOE y la UCD o de 1992 entre el PSOE y el PP. Por cierto, este último dio lugar a la Ley Orgánica 9/1992 que en su exposición de motivos declara que el desarrollo de la estructura territorial del Estado se concibe ‘como una cuestión que afecta a su esencia misma y que, por tanto, debía ser objeto de un consenso fundamental entre las diversas fuerzas políticas que expresan el pluralismo político en nuestras Cortes Generales‘.

La aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña ha sido desestabilizadora porque rompió, por primera vez, la dinámica del consenso fundamental entre las dos grandes formaciones nacionales en materia autonómica. Es imprescindible recuperarla.

José Domingo